El diputado de Podemos Alberto Rodríguez no acude al Supremo y abre la vía de suplicatorio

El Tribunal Supremo ha recibido un escrito del diputado y secretario de Organización de Podemos, Alberto Rodríguez, en el que rechaza comparecer como investigado por un delito de atentado contra agentes de autoridad, de modo que ahora el instructor debe decidir si pide un suplicatorio al Congreso.

Rodríguez, que goza de aforamiento al ser diputado, estaba citado este martes a las 11:00 horas ante el magistrado Antonio del Moral, instructor del caso, si bien ya este lunes manifestó su decisión de no acudir al Alto Tribunal "desde el respeto a los procesos judiciales" y negó haber cometido los hechos por los que se le va a investigar.

Fuentes jurídicas han informado a Efe de que el Supremo ha recibido formalmente este martes el escrito donde argumenta su rechazo, de forma que ahora el magistrado Del Moral tendrá que decidir si solicita un suplicatorio al Congreso de los Diputados para poder interrogarlo.

Es la misma vía que se abrió hace unos meses con la diputada y portavoz parlamentaria de JxCat Laura Borràs, que tampoco acudió a declarar de forma voluntaria en la causa donde se investiga si adjudicó a dedo varios contratos cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas (ILC). El Congreso acabó concediendo el suplicatorio tras cursarlo el magistrado instructor.

El procedimiento contra el dirigente de la formación morada parte de una causa abierta en 2014 en el juzgado de instrucción número 4 de San Cristóbal de La Laguna (Tenerife) tras un atestado policial por delitos de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones.

Los hechos ocurrieron en enero de aquel año cuando la Policía Nacional retuvo a cuatro personas que participaban en una manifestación que derivó en disturbios y en la que se protestaba contra la denominada ley Wert, del entonces ministro José Ignacio Wert coincidiendo con su visita a localidad.

En un escrito presentado en 2018, la Fiscalía consideró a Rodríguez autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y solicitó una pena de un año de prisión y un mes de multa.

El Juzgado de instrucción 4 de La Laguna acordó abrir juicio oral, pero, al acreditarse la condición de diputado de Rodríguez, la causa fue remitida al Supremo, encargado de juzgar a los aforados.

"En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios y canarias a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica. Prueba de la contundencia de mis afirmaciones es que no fui ni detenido ni siquiera identificado por esos supuestos hechos en ningún momento. Gobiernos anteriores pretendieron criminalizar la protesta, pero no lo vamos a consentir", declaró este lunes Rodríguez.