Dolores Delgado, ante el convulso trámite de su nombramiento como fiscal general rodeada de polémica

La exministra Dolores Delgado comparece este jueves ante la Comisión de Justicia del Congreso, un último trámite antes de ser nombrada fiscal general del Estado que será previsiblemente bronco, ante el rechazo frontal de la oposición a la polémica propuesta del Gobierno.

El Ejecutivo defiende su derecho a elegir a la persona que considera más idónea para el cargo, subraya la larga trayectoria como fiscal de Delgado y garantiza que actuará con "absoluta independencia".

Pero ni PP, ni Vox ni Ciudadanos creen que vaya a ejercer de manera autónoma y temen que sea una pieza más en la estrategia del Gobierno para "desjudicializar" el conflicto político catalán.

Delgado presentará sus proyectos para la Fiscalía ante los diputados y éstos tendrán ocasión de preguntarle y cuestionar sus objetivos, aunque no habrá votación final.

La oposición ha avanzado un interrogatorio duro y Unidas Podemos, que fue muy crítico con Delgado en el pasado tras desvelarse los audios de una comida que compartió en 2009 con el excomisario José Villarejo, ha optado desde el Gobierno por darle un voto de confianza.

La división de opiniones que genera el nombramiento se vio reflejada ya en la votación que tuvo lugar en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que avaló el nombramiento de Delgado con doce votos a favor y siete en contra.

Los vocales discrepantes alertaron en un voto particular de que se dañaba la imagen de autonomía e imparcialidad de la Fiscalía.

Delgado, que dejó su carrera fiscal en la Audiencia Nacional para ser ministra de Justicia del primer Gobierno de Pedro Sánchez, acompañó al líder del PSOE en las listas electorales y renunció a su escaño en enero para poder ser fiscal general.

Como ministra fue reprobada hasta en tres ocasiones por el Parlamento, donde la oposición la acusó de no defender correctamente al juez Pablo Llarena ante la demanda que presentó contra él en Bélgica Carles Puigdemont y de forzar que la Abogacía del Estado acusara a los procesados por el "procés" de sedición -delito por el que finalmente fueron condenados- y no de rebelión -como sostuvo la Fiscalía-.

Su sucesor al frente del Ministerio, Juan Carlos Campo ha pedido a la oposición no condenar a Delgado antes de que comience a ejercer al frente de la Fiscalía y ha hecho hincapié en que los fiscales tienen instrumentos parar oponerse a sus directrices si lo consideran necesario.