La equiparación salarial para los cuerpos policiales: promesa recurrente y posible cortina de humo de Marlaska

El aluvión de salidas en la Guardia Civil y el informe sobre el 8-M que habría motivado la más sonada de ellas (la del coronel Diego Pérez de los Cobos) han generado polémica durante toda la semana. En medio de toda esta crispación protagonizada por el Ministerio de Interior, hay otro frente abierto que también ha tenido incidencia ahora: el de la equiparación salarial para los miembros de la Benemérita y de la Policía Nacional. Prometida por el ministro Marlaska discordia mediante y cuyo tramo final se ha acordado con cinco meses de retraso. Con el añadido de los más de dos años que han pasado desde que se estipuló el plan al respecto.

Fue el predecesor de Marlaska, Juan Ignacio Zoido, quien firmó el acuerdo con cuatro sindicatos policiales y ocho asociaciones de guardias civiles en marzo de 2018. Este preveía que en 2020 hubiese una equiparación “real, absoluta y total” con las fuerzas de seguridad autonómicas: 561 euros al mes más para los policías y 720 para los guardias civiles. En total, 1.207 millones de euros en tres años tras 30 de reivindicaciones.

Sin embargo, la firma de ese convenio “histórico” todavía no se ha hecho notar en su totalidad a día de hoy. A pesar de que Marlaska ha hablado sobre este asunto en varias ocasiones. La última, por el anuncio del acuerdo y el momento elegido para hacerlo, fue la más simbólica. Pero la promesa ha sido un 'debe' continuo en la gestión del ministro, muy señalado entre los agentes por esta cuestión.

Octubre de 2018

Marlaska, que se había estrenado como ministro de Interior en junio, anunció que la equiparación salarial empezaría a ser efectiva entonces. Ya se reflejaría en la nómina de octubre de los guardias civiles y policías, con hasta 310 millones de euros para hacer efectivo el primer tramo de la medida en 2018. Se trataba, en palabras del titular de Interior, de un compromiso “loable y necesario”, ejecutado “en tiempos récord”.

Febrero de 2020

Sin problemas con el primer tramo de la subida salarial y tras retrasarse la aplicación del segundo, el conflicto con creces llegó en lo referente al tercer y último tramo. El 17 de febrero, durante la Comisión de Interior del Congreso de los Diputados, Marlaska supeditó este a la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado. También a la fijación de los porcentajes en las correspondientes reuniones. Si las nuevas cuentas públicas se retrasaban, un decreto-ley resultaría la solución. Aunque el ministro esperaba “que los Presupuestos vengan antes y sean rápidos en estos términos”.

Marzo de 2020

El 3 de marzo, Marlaska volvió a insistir en que Interior trabajaba para mejorar “los equipamientos, dotar de mayor personal y también culminando una equiparación salarial”. Por consiguiente, reafirmó un asunto que no paraba de generarle quebraderos de cabeza.

Abril de 2020

Ya con la crisis del coronavirus de por medio, Marlaska utilizó una nueva comparecencia en la Comisión parlamentaria de Interior (23 de abril) para volver a hablar de la equiparación salarial. De sus palabras se dedujo que esta iría vinculada a los pactos surgidos de la pandemia. “Espero que todos los grupos parlamentarios en esos necesarios acuerdos de reconstrucción social y económica de nuestro país coadyuven con nosotros para que podamos tener y mantener esas ofertas (de empleo público para policías y guardias civiles) [...] En esos términos, igualmente, el tercer tramo”, expuso en esa ocasión.

Mayo de 2020

A principios de mes, Marlaska reconoció en una entrevista con EFE, una vez más, que el pago del tercer tramo de la equiparación salarial se iba a realizar. Abonándose, además, “cuanto antes”, ya que la intención era “ejecutarlo a la mayor brevedad” al ser “un compromiso del Gobierno”, asumido personalmente por el ministro.

El tema volvió a salir a la palestra este martes, cuando Marlaska anunció la aprobación definitiva de la medida (ya sin Presupuestos Generales del Estado y/o pactos del coronavirus de por medio). Algo que llamó mucho la atención, ya que el 'sí' llegó tras el gran revuelo causado en el ámbito policial por el cese del coronel Pérez de los Cobos. Así, se desembolsarán 247 millones de euros cuyo efecto debería haberse notado en enero y no en mayo.

De hecho, será enero, pero de 2021, el mes en el que las subidas salariales pendientes serán abonadas con efecto retroactivo. Así, las nóminas de los integrantes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional se incrementarán un 20%. Y, por lo que parece, la promesa recurrente de Marlaska quedará al fin consumada. Aunque con la sombra de la sospecha cerniéndose con fuerza sobre la misma: ¿se ha empleado la baza de la equiparación salarial para calmar los ánimos provocados por el caso Pérez de los Cobos en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?