La Eurocámara mantiene abierta queja ciudadana sobre la independencia judicial en España

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha decidido este miércoles mantener abierta una queja de la agrupación 'Ciudadanos por una justicia independiente' sobre el sistema judicial en España para, con ello, pedir a la Comisión Europea que siga atenta a la evolución del Estado de derecho que los peticionarios consideran en situación de riesgo.

Así lo ha constatado la presidenta de la comisión europarlamentaria, la líder del PP en la Eurocámara, Dolors Montserrat, tras escuchar las intervenciones de los peticionarios y constatar que una mayoría formada por eurodiputados del Partido Popular Europeo, Liberales (en donde se inscribe Ciudadanos) y los Conservadores y Reformistas (grupo de Vox) pedían mantener el expediente abierto.

Sólo la eurodiputada del PSOE Cristina Maestre y la representante del BNG, Ana Miranda, han tomado la palabra en sentido contrario y pedido el cierre del asunto por considerar que el debate responde a intereses partidistas del PP.

Antes, un representante de la Comisión Europea recordó que la salud democrática en España se revisa anualmente como la del resto de Estados miembro en el marco del Informe sobre Estado de Derecho que, en el caos español, apunta en su última edición la urgencia de deshacer el bloqueo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

El funcionario comunitario ha expuesto la preocupación de Bruselas por la situación del CGPJ "a pesar de la urgencia" para su renovación y del impacto que este bloqueo está teniendo en la actividad del Tribunal Supremo y en el sistema judicial en general.

En este sentido, ha dicho que el Ejecutivo comunitario observa "con atención" la evolución de la situación y que sus conclusiones se conocerán en la próxima edición del informe anual, prevista para el próximo julio, aunque no ha señalado ningún riesgo sistémico para el Estado de derecho en España.

También ha confirmado que Bruselas supervisa a "todos" los Estados miembro en el marco de condicionalidad diseñado para proteger los intereses financieros de la Unión Europea y que le permitirían tomar medidas en caso de detectar "incumplimientos" del Estado de derecho que pudieran afectar "gravemente" a una gestión "sólida" de los recursos europeos.