La Fiscalía estudia la sentencia de Estrasburgo para reactivar la petición de entrega de Natividad Jáuregui

La Fiscalía de la Audiencia Nacional examina la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) que condena a Bélgica por no cooperar en la entrega a España de Natividad Jáuregui para decidir si reactiva las peticiones de entrega.

Tras conocer los argumentos del tribunal de Estrasburgo el Ministerio Público se plantea ahora la posibilidad de solicitar a los juzgados centrales de instrucción, que mantienen causas abiertas contra Jáuregui, que comuniquen nuevamente a los tribunales belgas las causas pendientes que tiene en España.

Jáuregui, que formó parte del 'comando Vizcaya', está investigada en la Audiencia Nacional por los asesinatos en 1981 del teniente coronel Ramón Romeo y del policía nacional Francisco Francés Garzón, y por el ametrallamiento de dos coches de la Guardia Civil el mismo año en Bilbao en el que tres agentes resultaron heridos de gravedad.

Jáuregui huyó a Bélgica en los ochenta y allí se casó con uno de los abogados que la representan y regenta un cátering. En otro intento para continuar con la investigación, la Audiencia Nacional libró el pasado otoño tres órdenes de investigación para que sea interrogada por los crímenes que se le imputan, pero no ha habido respuesta.

Ha sido por la causa del asesinato del teniente coronel Romeo por lo que el tribunal con sede en Estrasburgo ha condenado a Bélgica. En concreto, los tribunales de aquel país no cumplieron con la "obligación de cooperar" con España para investigar y juzgar la posible participación de Jáuregui en el crimen de Romeo porque no se llevó a cabo un examen riguroso de las euroórdenes y porque no existía una "base fáctica suficiente" sobre el presunto riesgo de vulneración de derechos fundamentales de la etarra que alegaron para no entregarla.

Los magistrados de Estrasburgo consideran que Bélgica "debería haber pedido información complementaria" sobre el régimen de detención que habría tenido la etarra en España con el objetivo de "comprobar" si existía riesgo "concreto y real" de vulneración del Convenio Europeo de Derechos Humanos.