La Fiscalía recurre la libertad de la activista de los CDR

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha recurrido el auto del juez Diego de Egea, con el que dejó en libertad a una activista de los Comités de Defensa de la República (CDR) en contra del criterio del fiscal, que insiste en pedir prisión para ella por los delitos de terrorismo y rebelión.

Fuentes fiscales han informado del recurso de apelación que el ministerio público ha interpuesto ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional con la intención de que revoque la decisión del magistrado y decrete la prisión provisional para Tamara C.G. o, en su caso, libertad o prisión con fianza.

La Fiscalía, que ya pidió prisión para la activista el pasado 12 de abril tras oír su declaración ante el juez, solicita en su recurso que se mantenga la imputación "por un delito de terrorismo del artículo 573 (del Código Penal) y/o de rebelión".

Esto justificaría la competencia de la Audiencia Nacional en la investigación de los hechos ya que, a juicio del ministerio público, todavía es "prematuro" excluirlos.

Sin embargo, el juez De Egea no vio terrorismo en la participación de Tamara C.G. en los sabotajes de Semana Santa y, tras tomarle declaración, la dejó en libertad con medidas cautelares y la imputó un delito de desórdenes públicos, que no es competencia de la Audiencia Nacional y que está penado con hasta 3 años de cárcel (6 años en su vertiente agravada).

De Egea le impuso como medidas cautelares comparecencias semanales en el juzgado, prohibición de salir de su municipio de residencia salvo para ir al trabajo, autorización judicial para cualquier salida del término municipal en el que reside, prohibición de salir de España y fijación de domicilio y teléfono.

Considerada por la Fiscalía como la coordinadora de dichos sabotajes, que implicaron cortes de carretera y aperturas de peajes, Tamara C.G. fue detenida el pasado 10 de abril en Viladecans (Barcelona).

No es la única investigada en esta causa, en la que se trató de detener a otro presunto coordinador de los CDR, un hombre al que no se pudo localizar y sobre el que pesa una orden de busca y captura por terrorismo y rebelión.

La razón por la que el juez no dio traslado de la causa a un juzgado ordinario cuando imputó desórdenes públicos a la activista fue precisamente por la ausencia de este segundo sospechoso, al que todavía no ha tomado declaración, según informaron a Efe fuentes jurídicas.

Con su decisión, De Egea desoyó la petición de prisión de la Fiscalía, que considera que los CDR actúan "con actos de rebeldía, encaminados a normalizar la desobediencia y exteriorizar la confrontación con el Estado, trasladando a la calle con actuaciones violentas el proceso soberanista catalán" que se investiga en el Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional, "como una clara una amenaza directa al orden constitucional establecido".