Gallardón, Cobo y Carlos Mayor Oreja, citados como investigados en Lezo

El magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha citado también como investigados los días 5 y 6 de junio a Carlos Mayor Oreja, exconsejero madrileño de Justicia y expresidente del Canal, y al exconsejero de Presidencia Manuel Cobo.

García Castellón los ha emplazado a declarar de acuerdo con el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y una vez que se han practicado una serie de diligencias para avanzar en la investigación de la compra de Inassa, con la toma de declaración de una veintena de investigados.

La Fiscalía ya reclamó al juez de Lezo investigar a Gallardón en noviembre de 2016 por el presunto desfalco de varios millones de euros en esta compra, una operación que, según Anticorrupción, estuvo controlada por él o por "su gente" y por la que imputa delitos de prevaricación y malversación.

El juez investiga Inassa dentro de pieza 1 de Lezo al considerar que en los 73 millones de dólares que se pagaron por ella pudo existir "una sobrevaloración claramente perjudicial" para los intereses del Canal y porque la operación se hizo a través de una "compleja estructura societaria" que contravino "de plano" los acuerdos del Consejo de Administración del Canal y de la Comunidad.

En esta pieza han declarado ya varios ex altos cargos de la Comunidad de Madrid en la época de Gallardón y miembros del consejo de administración del Canal de Isabel II.

Entre ellos el exconsejero de Hacienda y expresidente de Adif Juan Bravo, el exconsejero de Medio Ambiente y expresidente del Canal Pedro Calvo y el expresidente de la Cámara de Cuentas madrileña Arturo Canalda, que fue director gerente del Canal.

La mayoría defendieron ante el juez la legalidad de la compra de Inassa y negaron sobrecostes. De hecho, señalaron que en realidad fue una operación beneficiosa para el Canal que se adquirió por un precio mucho menor del que costaría hoy.

En el mismo sentido se pronunciaron algunos técnicos del Canal que declararon que la adquisición de la filial colombiana fue una buena oportunidad para la empresa pública.

La operación la aprobó el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid el 29 de noviembre de 2001 con la firma de Gallardón, pese a tener un dossier desaconsejando la compra de la colombiana a través de la sociedad de Panamá.