García-Page asegura que Castilla-La Mancha protegerá la educación concertada

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que su comunidad autónoma será un valor refugio para la escuela concertada. Unas declaraciones que el presidente castellanomanchego realizaba durante su intervención en los Premios COPE Castilla-La Mancha. 

"Me gustaría que en momentos de incertidumbre esta región siga siendo un valor refugio. Donde no se discutan, por supuesto, ni la concertada ni otras muchas cosas. Un valor refugio, donde pueda haber diferencias, que las hay, pero donde finalmente, aquí no discutimos por lo principal", aseguraba García-Page durante los premios de COPE Castilla-La Mancha.

En declaraciones a COPE, la ministra de Educación en funciones, Isabel Celáa, ha reaccionado a estas palabras de García-Page asegurando que "no cree que se desmarque (de la opinión del Gobierno), todos somos valores seguros para la concertada. La educación es un derecho fundamental y corresponde a los poderes públicos garantizarla. Y los estamos haciendo a través de la programación general de la enseñanza. Con un sistema público al que se suma una red concertada que atiende a dos millones de alumnos".

En el último Consejo de Ministros, Isabel Celáa aseguraba que de la Constitución no emana la libertad de los padres para elegir centro educativo. La ministra insistía en cuestionar la libertad de los padres para escoger el centro educativo para sus hijos y se olvidaba de las leyes educativas aprobadas por los gobiernos del PSOE y se centraba en las sentencias del Tribunal Constitucional sobre una ley orgánica que no llegó a implantarse. 

La ministra decía que ante un derecho constitucional, recogido en el articulo 27, había que anteponer un derecho legal  desarrollado por las leyes que apruebe un determinado gobierno. "Hay que diferenciar un derecho constitucional de uno legal que viene a ser secuenciado, desarrollado por las leyes que salen de la Constitución". "Si fuera un derecho constitucional, las familias podrían recurrir a los tribunales para reconocer ese derechos", ha expuesto Celaá asegurando que esa afirmación está corroborada en "el contenido de 30 sentencias del Tribunal Constitucional", ha insistido.