El Gobierno aborda una nueva forma de sedición que permitiría reducir la condena de Junqueras

La reforma del Código Penal, que tipificaría la sedición llevada a cabo con malversación, beneficiaría también a Bassa, Turull y Romeva, según El Mundo

El líder de ERC, Oriol Junqueras, se acerca a saludar a Pedro Sánchez

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

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El Gobierno de Pedro Sánchez plantea una reforma del Código Penal que permitiría rebajar las condenas impuestas en firme por el Tribunal Supremo a algunos de los líderes del procés. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se la ha encargado ya a un grupo de expertos en Derecho Penal.

Según avanza este lunes 'El Mundo', aunque la modificación del Código Penal no se limita solo al delito de sedición, ya que también afectará a los delitos de naturaleza sexual y medioambiental, de ella se beneficiarían Oriol Junqueras, Dolors Bassa, Jordi Turull y Raül Romeva de acuerdo con el principio de retroactividad de las normas penales. Según el mismo, se aplica una ley nueva a un hecho que se cometió antes de que entrara en vigor si es más favorable al reo.

El propósito del Ejecutivo sería introducir un subtipo de sedición agravada con la malversación de caudales públicos. De este modo, cuando la sedición se cometa mediante el desvío de dinero público, se impondrá una pena mayor que la prevista actualmente para el delito de sedición, pero menor que la actual condena a los promotores del procés. 

Así se evitaría que, si se rebajase la sedición, la malversación pasara a ser el delito principal de cara a la inhabilitación para cargo público. Además, la reforma permitiría al Gobierno venderla como una agravación del delito. Pese a ello, la vuelta a la política de los condenados no será inmediata ya que para ello sería necesario un indulto.

En la disposición transitoria del Código Penal, el Ejecutivo podrá determinar cómo han de revisarse las sentencias, entre ellas la del procés, para que el Tribunal Supremo proceda con Junqueras y los otros tres exconsejeros condenados por delitos de sedición y malversación en concurso medial. 

En la práctica, se trataría de una reforma pensada para favorecer a los promotores del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.

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