El Gobierno agasaja al independentismo: indultos, veto al Rey e investigación a dos fiscales del 1-O

Sin disimulo y a tropel. Los gestos al soberanismo catalán por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez parecen no tener fin. La última ha venido de la mano del ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, quien ha anunciado este miércoles en la sesión de control al Gobierno que su ministerio comenzará a tramitar las peticiones de indulto a los presos del 'procés' la semana que viene en la misma fecha que el Rey ha sido vetado en Cataluña por parte del Ejecutivo y en medio de unas negociaciones de los PGE de las que Sánchez necesita el apoyo de ERC y JxCat.

Este anuncio, que ha pillado por sorpresa a todos los grupos parlamentarios —también a los soberanistas—, ha llegado tras la pregunta de la portavoz de JxCAT, Laura Borras, que se había dirigido al titular de Justicia sobre las medidas que estaba tomando el Ejecutivo de Sánchez ante "la deriva de la Justicia".

Justicia momentos más tarde ha salido al paso y ha confirmado que lo que se va a tramitar es la petición de indulto registrada el pasado enero por el abogado barcelonés Frascen Jusfresa, que abarca a todos los políticos condenados, aunque según ha matizado, cada petición de indulto se tramitará de forma individual.

La decisión en manos del Gobierno

Diversos expertos en la materia han señalado que tramitar estas solicitudes es la obligación del Ejecutivo. Así lo han recalcado por ejemplo Ignacio González Vega, Portavoz de Jueces para la Democracia; y Ramón Rodríguez Arribas, magistrado y vicepresidente emérito de Tribunal Constitucional este miércoles en 'Trece al día'.

Ambos han subrayado que el Ejecutivo debe dar salida a la petición de indultos que se registren, ya que es uno de los apartados recogidos en la Constitución. Para Rodríguez Arribas, sin embargo, lo novedoso en este proceso es que el Ejecutivo lo haya anunciado en el Congreso de los Diputados y no en otros órganos competentes. De esta forma, ha matizado, da la sensación que se está interpelando con este recurso a un grupo parlamentario y no a unas personas condenadas.

Según han señalado los magistrados, además, el indulto es una herramienta judicial excepcional, ya que permite al poder Ejecutivo meterse de lleno en un proceso judicial, pero han destacado que no hace falta sentirse arrepentido para que se les conmute la pena. Según han explicado, la decisión queda en manos del Gobierno, que previa deliberación del Consejo de Ministros y a propuesta del ministro de Justicia, debe hacerle una petición al Rey, que es quien debe, en última instancia, concederla.

Hasta el momento, el Ejecutivo de Sánchez no ha dicho qué posición va a mantener en este proceso, pero lo que parece evidente es que el momento en el que llega este anuncio no es casualidad. Nada en política lo es. Desde el Gobierno se han escudado en señalar que este trámite debía haber llegado mucho antes, pero que la covid-19 ha sido la responsable de que el trámite se haya visto alargado. Han advertido, eso sí, que "la tramitación en su conjunto suele superar los seis meses".

El momento de este anuncio

Su demora coincide en plenas negociaciones para la aprobación de los Presupuestos y a las vistas de unas elecciones catalanas que se ven inmediatas. El Ejecutivo de Sánchez viene demostrando en los últimos días una preferencia de acordar las cuentas públicas con Ciudadanos, aunque Unidas Podemos desde el primer día ha reiterado en buscar apoyos en la mayoría de la investidura.

Es decir, buscar el beneplácito de los soberanistas vascos y catalanes. De hecho en las últimas horas ha sido Carmen Calvo en reunirse con los líderes de EH Bildu y ERC, un encuentro que ya mantuvo el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, la pasada semana.

Tras el anuncio hecho por el titular de Justicia, sin embargo, Borras se ha seguido mostrándose escéptica con Sánchez y su Gobierno. "Veremos a ver en qué se concreta. Que los trámites se inicien no quiere decir que se concedan", ha señalado ante los medios, aunque ha matizado en que ellos prefieren la amnistía como "solución política" a lo que ha ocurrido estos últimos años en Cataluña.

El gesto de Sánchez al independentismo

Uno de los síntomas que parecen señalar que el PSOE busca agasajar al soberanismo es que este miércoles ha rechazado una propuesta que ha llevado el PP al Senado por el cual se buscaba recuperar el delito de referéndum ilegal que Zapatero en el año 2005 dejó en papel mojado.

Sánchez durante la última campaña electoral anunció que recuperaría el delito de organización de referendos ilegales, alegando que el independentismo catalán estaba amenazando con volver a retomar la vía unilateral. Sin embargo, este anuncio ha quedado en balde y no se ha materializado desde la llegada de Sánchez a Moncloa. Los socialistas de hecho han criticado duramente la propuesta de los populares en la Cámara Alta, calificándola incluso de un "espantajo recurrente" así como de "inútil y estéril".

Este miércoles, además, el Ejecutivo de Sánchez ha protagonizado una polémica que ha vuelto a tener a Cataluña como protagonista. El Rey tenía previsto acudir a la entrega de la promoción 69 de la Escuela Judicial que se celebra este viernes en Barcelona, pero a escasas 48 horas de su celebración se ha conocido que finalmente el monarca no acudirá.

Las razones de esta ausencia, según se ha conocido en las últimas horas, ha sido la falta de autorización por parte del Ejecutivo. Así lo ha explicado un vocal del Consejo General del Poder Judicial en 'La Linterna'. "Hasta donde yo conozco y he sido informado, no cuenta con la autorización del Gobierno", ha explicado Jose Mario Macías.

Mientras el Ejecutivo ha salido al paso y se ha escudado en señalar que la decisión estaba "muy bien tomada", pero la vicepresidenta Carmen Calvo no ha querido confirmar quién ha tomado la última decisión. Todo ello en el mismo día en el que la Inspección Fiscal ha abierto una investigación previa para determinar la afirmación del teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, que en las últimas horas ha afirmado que dos fiscales de Sala del Alto Tribunal le presionaron para que respaldara las querellas presentadas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia.