El Gobierno confía en que el Supremo no anule los indultos
El Gobierno no argumenta razones de justicia o de equidad, solo de utilidad pública, pero está convencido de que son bastantes para justificar las medidas de gracia
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El Ejecutivo considera que los indultos a los presos del procés que ha aprobado este martes están suficientemente motivados y argumentados y, por ello, ve "muy difícil" que el Tribunal Supremo pueda estimar algún recurso contra ellos y anularlos.
Fuentes del Ejecutivo han rechazado analizar la legitimación del PP o de Vox para recurrir estas medidas de gracia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativa del Tribunal Supremo, pero han insistido en que las razones de "utilidad pública" por las que el Ejecutivo ha acordado los indultos son suficientes según la jurisprudencia de ese tribunal.
En este sentido, Pablo Casado ha confirmado esta misma mañana que su partido va a presentar el recurso contra los indultos en base a "un interés legítimo" que tenía que "justificar". Desde Génova confían en que hayan encontrado un motivo jurídico de peso para elevar el recurso al Alto Tribunal y que así pueda prosperar. Por su parte, el partido que preside Santiago Abascal ha anunciado a través de su portavoz en el Congreso de los Diputados, Macarena Olona, que interpondrán un "recurso ante la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo y una querella contra aquellos miembros del Gobierno que voten a favor de esos indultos". Por último, Inés Arrimadas, como líder de Ciudadanos y a las puertas del Parlamento de Cataluña, ha insistido en que la vía para recurrir al Supremo es incidir en el argumento del "autoindulto", criterio que viene dado por un "interés personal" por la necesidad de seguir acaparando en el Congreso los votos de todos los partidos independentistas.
El Gobierno, que no ha argumentado razones de justicia o de equidad y solo lo ha hecho con razones de utilidad pública, está convencido de que son bastantes para justificar las medidas de gracia por las que ha anulado las penas de prisión a los nueve condenados por sedición por los acontecimientos de otoño de 2017.
El otro requisito que exige la Sala Tercera es motivar y explicar los indultos, máxime cuando hay un informe en contra del tribunal sentenciador, por lo que el Ejecutivo ha incluido "34 folios de motivación".
Las fuentes consideran que el procedimiento se ha seguido "de manera escrupulosa" y que, de presentarse, los recursos no serán aceptados.
Tampoco ven futuro a unas posibles medidas cautelarísimas para revertir los indultos, dado que ese tipo de decisiones se toman solo en casos en los que los daños que se puedan provocar sean "irreversibles", algo que no ocurre en este caso.
Asimismo, desde Moncloa tienen claro que no se trata de un "autoindulto", como sugirió en su informe el Supremo por tratarse de personas que representan a partidos que apoyan al Ejecutivo, porque el Gobierno interpreta de forma restrictiva esa prevención y cree que afecta tan solo a los miembros del Consejo de Ministros.