El Gobierno, optimista ante la votación en el Congreso para sacar adelante el plan de ahorro energético

El Congreso de los Diputados votará este jueves la convalidación del real decreto ley que incluye, entre otras medidas, el plan de ahorro energético aprobado por el Gobierno, que dice contar con los apoyos necesarios para su aprobación. Según ha explicado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, el Ejecutivo cuenta con los votos "suficientes" para convalidar las medidas incluidas en el decreto de ahorro energético, aunque no ha querido especificar qué grupos votarán a favor.

En este sentido, el PNV ha anunciado su voto favorable a la norma que mañana debate el Pleno del Congreso, una decisión que ha tomado por "responsabilidad", y que allana el camino para su convalidación. El PRC también ha expresado este miércoles su respaldo, a los que habría que sumar el voto favorable de Compromís, que anunció hace unos días su apoyo "entusiasta" a través del alcalde de Valencia, Joan Ribó.

ERC, uno de los principales socios de legislatura del Ejecutivo, aún no ha anunciado el sentido de su voto, pese a que, según ha explicado su portavoz parlamentario, Gabriel Rufián, el decreto incluye "algunas medidas que hemos venido defendiendo". "Lo que lamentamos es que sean medidas coyunturales y no estructurales, pero negociaremos hasta el último momento para al menos intentar mejorarlo", ha asegurado.

Por su parte, EH Bildu continúa negociando con el Gobierno y no revelará el sentido de su voto hasta "última hora", aunque reconoce que se trata de "un decreto necesario", que tiene medidas "bien concebidas", pero también "tiene carencias" y su contenido "se puede mejorar". Para recabar los apoyos necesarios, el Gobierno se ha abierto en las últimas horas a tramitar la convalidación del decreto como proyecto de ley, lo que permitirá introducir cambios en el texto una vez que mañana reciba el visto bueno del pleno del Congreso.

Esta posibilidad ha contado con reacciones dispares: mientras que el PNV ha explicado que votará en contra de su tramitación como proyecto de ley por "sentido común", ya que las medidas energéticas tienen carácter temporal, EH Bildu ha mostrado su apoyo a una propuesta que permitirá "mejorar" su contenido.

RECHAZO DEL PP, VOX Y CS

Lo que sí está confirmado es el rechazo de los tres grandes partidos de la oposición, que en las últimas horas han reafirmado su voto en contra. La portavoz en el Congreso del PP, Cuca Gamarra, ha explicado que su formación no se ha movido del "no", ya que considera el real decreto una "imposición" que se mezcla con ayudas, como las del transporte o las becas.

En la misma línea se ha manifestado el portavoz parlamentario de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, tras anunciar el voto en contra de su partido, al entender que "traslada el problema a los españoles" ante su incapacidad para gestionar la crisis energética. Por su parte, el portavoz de Cs, Edmundo Bal, ha acusado al Gobierno de "chantajear a la oposición" al incluir en una norma aspectos que no tienen nada que ver con su propósito original, como el transporte ferroviario gratuito o las becas a estudiantes.

AJUSTE DE TEMPERATURAS Y APAGADO DE LUCES

El llamado "Plan de choque de ahorro y gestión energética en climatización" que incluye el real decreto ley prevé, entre otras medidas, el ajuste de los termostatos en edificios administrativos, espacios comerciales y culturales, estaciones de tren y autobuses y aeropuertos. Concretamente, establece una temperatura mínima de 27 grados para los meses de verano, y una máxima de 19 grados en invierno.

Además de controlar el termostato, se deberán apagar las luces de los escaparates a partir de las 22:00 horas y la iluminación de los espacios públicos cuando no estén en uso, al tiempo que tendrán que tener sus puertas cerradas cuando estén funcionando los sistemas de calefacción o refrigeración. En este sentido, para el próximo 30 de septiembre, estos establecimientos deberían disponer de un sistema de cerrado de puertas. El plan aprobado por el Gobierno atiende a la estrategia de la Unión Europa para reducir el consumo energético en plena invasión rusa de Ucrania, con la expectativa de que en los próximos meses el suministro de gas ruso pueda verse afectado.