Grande-Marlaska anuncia el cierre del CIE de Fuerteventura

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha anunciado el cierre operativo y administrativo del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Fuerteventura, que desde hace años se encontraba desocupado aunque contaba con dotación presupuestaria.

Lo ha señalado Grande-Marlaska en la sesión de control al Gobierno en el Senado, en la que la senadora del grupo Mixto María José López Santana ha puesto de manifiesto el "despilfarro" del dinero público en ese CIE que "no presta servicio a ningún interno".

El ministro ha recordado que desde 2012 el CIE de Fuerteventura se encuentra cerrado "desde el punto de vista operativo" y que por las previsiones no va a ser necesario ponerlo en marcha ya que son suficientes los centros de Barranco Seco y Hoya Fría.

Por eso, ha indicado que este mes de junio se ha "estudiado y acordado" el cierre "no solo administrativo sino también operativo" del centro. "Estamos pendientes del informe previo del Ministerio de Hacienda, que una vez nos conste, se cerrara operativa y administrativamente", ha subrayado Grande-Marlaska.

La senadora canaria ha celebrado esa decisión porque, según ha dicho, cada año se gastaba en ese centro un millón de euros, pese a estar desocupado, con lo que ha pedido al ministro que depure responsabilidades por ello.

López Santana también se ha interesado por saber si el Ejecutivo tiene previsto revisar los contratos públicos relativos a los CIE, a lo que Grande-Marlaska ha señalado que la Unidad Económica del Cuerpo Nacional de Policía está haciendo un estudio concreto de los pliegos de las condiciones.

"El fin es el de tener unos resultados más eficaces con el dinero publico pero también garantizando las prestaciones de los servicios a las personas que puedan estar internas y por el tiempo que deban estar en los centros", ha dicho el titular de Interior.

Asimismo, se ha comprometido a que desde su departamento se garanticen los derechos humanos de los internos de los CIE y en la "eficacia y eficiencia en el gasto publico siempre que se corresponda con ese respeto a los derecho humanos".