El caso político de los ERE: la juez Alaya, dos absueltos de 21 acusados, la muerte de uno de los condenados
La confirmación de la sentencia de la Audiencia de Sevilla por el Tribunal Supremo pone de nuevo en primera plana la parte más política de la corrupción de los ERE
Las claves del caso de los ERE por Pedro Ochoa (Cope Sevilla)
Madrid - Publicado el - Actualizado
6 min lectura
Dos años y ocho meses después, el Tribunal Supremo confirma la sentencia que el 14 de noviembre de 2019 dictaminaba el magistrado de la Audiencia de Sevilla Juan Antonio Calle Peña sobre el procedimiento conocido como "el caso de los ERE".
El Alto Tribunal ha confirmado, con los votos de tres magistrados frente a dos discrepantes, la condena de 6 años de cárcel al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, y de 9 años de inhabilitación para su antecesor, Manuel Chaves, por el sistema de fraude en la concesión de ayudas sociolaborales durante sus mandatos al frente del gobierno andaluz.
Un fallo de la Sala de lo Penal del Supremo que se conocerá en su totalidad en el mes de septiembre y que avala el criterio de la Audiencia Provincial de Sevilla respecto a Griñán, a quien consideró responsable de un delito de malversación y prevaricación, y Chaves, condenado únicamente por prevaricación.
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Solo dos de los 21 acusados, absueltos
Habrá que esperar poco más de un mes para conocer al detalle lo que los magistrados del Supremo han decidido sobre el resto de condenados por este caso.
Haciendo memoria de la sentencia de la Audiencia de Sevilla solo dos de los 21 acusados quedaron libre de pena: el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río fueron absueltos.
Sin embargo, el exconsejero de Empleo Antonio Fernández fue condenado a 7 años, 11 meses y un día de prisión e inhabilitación absoluta por 19 años, 6 meses y un día; los exconsejeros José Antonio Viera (Empleo) y Francisco Vallejo (Innovación) fueron condenados a 7 años y un día de prisión e inhabilitación absoluta durante 18 años y un día.
La exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo era condenada a 6 años y dos días de cárcel y 15 años y dos días de inhabilitación absoluta.
El exconsejero de la Presidencia Gaspar Zarrías y la exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez fueron condenados a 9 años de inhabilitación especial por prevaricación.
El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero fue condenado a 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación absoluta. Juan Márquez, también exdirector general de Trabajo, condenado a 7 años y un día de prisión y 18 años y un día de inhabilitación absoluta.
Los exsecretarios generales técnicos de Empleo Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina y el exdirector de la agencia IFA-IDEA, Jacinto Cañete, fueron condenados por prevaricación y no por malversación con lo que evitaban la prisión como pedía la Fiscalía. Sí eran inhabilitados para cargos públicos.
Una sentencia que reponía el honor de la juez Alaya
El caso de los ERE ha tenido dos jueces instructores. La primera que se vio obligada a dejar el caso fue la ahora magistrada de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, Mercedes Alaya, otrora titular del Juzgado número 6 de instrucción de Sevilla.
La magistrada dejaba el caso después de cuatro años de instrucción y una ristra de documentos: un sumario de 243 tomos y 140.000 folios. Pero no era el único caso que tenía sobre la mesa, además de los ERE, debía instruir Mercasevilla, los cursos de formación, avales... Grandes casos de corrupción política que la juez no pudo concluir: "PSOE y PP me quitaron por miedo a que investigara los cursos de formación” confesaba en una entrevista al diario ABC en mayo de 2018. En esas declaraciones, Mercedes Alaya dejaba clara su sospecha sobre su ascenso a la Audiencia Provincial. Según la juez, los vocales del CGPJ elegidos por PP y PSOE habían votado en contra de que siguiera instruyendo macrocausas como los ERE de Andalucía.
Álvaro Martín, considerado como un juez conservador, tomó el testigo en la instrucción e incluso fue acusado de hacer un copia y pega del sumario de Mercedes Alaya.
Siete años después del inicio de la investigación, el 13 de diciembre de 2017 arrancaba el juicio que sentaba en el banquillo a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán, a 6 exconsejeros y 14 exaltos cargos por el diseño y mantenimiento de un fondo de 855 millones para empresas en crisis utilizado entre 2001 y 2010. El magistrado de la Audiencia de Sevilla Juan Antonio Calle Peña, presidió el juicio del "procedimiento específico" de los ERE (152 sesiones a lo largo de un año), y redactó la sentencia que condenó a los expresidentes socialistas.
Por cierto que el juez Calle Peña se jubiló de forma anticipada en noviembre de 2021, justo dos años después de su histórica sentencia de 1.281 folios que tardó en redactar casi un año.
La muerte de uno de los principales imputados
El exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía y uno de los principales imputados en la pieza política de la causa judicial sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE), Francisco Javier Guerrero, fallecía de forma repentina el 11 de octubre de 2020.
Sobre Guerrero pesaba una condena de 7 años, 11 meses y un día de cárcel y 19 años, seis meses y un día de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con uno continuado de malversación, por el procedimiento específico a través del cual eran canalizadas las subvenciones autonómicas con las que fueron financiados los ERE fraudulentos y ayudas directas y supuestamente arbitrarias a empresas.
El que fuera director general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta había formalizado su recurso de casación con destino al Tribunal Supremo (TS) alegando cuatro motivos, comenzando por una "infracción de preceptos penales, así como otras normas que deberían
necesariamente ser observadas para dictar sentencia", pues la sentencia impugnada no tiene en cuenta "legislación aplicable" en el caso, como la orden ministerial de 1994 que regula la concesión de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de la Seguridad social, a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas; o el decreto estatal de 2013 sobre normas especiales para la concesión de ayudas extraordinarias a trabajadores afectados por procesos de reestructuración de empresas, entre otras regulaciones invocadas.
Murió de un infarto antes de que el Supremo resolviera este recurso.
"Griñán y Chaves no se llevaron dinero, pero permitieron que se lo llevaran"
En "Mediodía COPE", el colaborador y columnista de ABC Ignacio Camacho analizaba la ratificación de la sentencia por el Tribunal Supremo. El periodista sevillano revelaba que los expresidentes andaluces, sobre todo Griñán, "esperaba una rebaja de la condena". Para Ignacio Camacho la sentencia es especialmente dura con José Antonio Griñán y recordaba que ni él ni Chaves "se llevaron dinero, pero permitieron que otros se lo llevaran manchando el nombre del Partido Socialista".
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Este martes 26 de julio hemos conocido el fallo del Supremo, en septiembre conoceremos la sentencia del Alto Tribunal.
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