Guilarte avisa a Sánchez: "No es admisible" cambiar la elección de los jueces del Supremo

Continúan las reacciones al ultimátum lanzado por Pedro Sánchez a Alberto Núñez Feijóo para que en quince días pacte la renovación del Consejo General del Poder Judicial o de lo contrario reformará la forma de elección de los jueces.

Este jueves el presidente de este órgano, Vicente Guilarte ha asegurado que los nombramientos no pueden ser influenciados por el Gobierno, tanto directamente como a través de un organismo o comisión intermedia.

En un escrito al Parlamento, Vicente Guilarte da la bienvenida a quienes creen que el problema se encuentra en la fórmula para elegir a los altos cargos judiciales, pero cree necesario que sean sometidos al principio de mérito y capacidad, informa Patricia Rosety, jefe de Tribunales de COPE.

Recuerda que la Constitución Española, el artículo 122, otorga la facultad al Poder Judicial y no se puede admitir ninguna influencia del gobierno, ni directa o enmascarada.

Recuerda que con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley del Poder Judicial, los nombramientos los efectuaba el ministerio de Justicia y que no tiene ningún sentido volver a épocas pasadas con distintos protagonistas.

Sostiene que "ante las dudas que pueden suscitar las palabras del presidente es imprescindible aclarar este extremo". A su juicio, "la amenazante alternativa esbozada resultaría aterradora y directamente encaminada a evitar cualquier acuerdo".

Con todo, Guilarte asegura que han sido las palabras de Sánchez las que le han incentivado a "seguir profundizando" en sus apuntes y enviar una actualización de su propuesta a las Cortes. "Esta vez, último de mis intentos, espero, al menos, se acuse recibo", ruega.

NOMBRAMIENTOS DEL SUPREMO

El presidente interino insiste en que es "imprescindible no tanto sustraer competencias al CGPJ" como "dar más protagonismo a la carrera judicial allí donde resulta lógico que lo tenga, es decir, en lo que afecta al ejercicio de las tareas gubernativas".

Para los nombramientos en el Supremo, Guilarte propone que sus magistrados sean "nombrados por una comisión cualificada, mayoritariamente compuesta por vocales y por magistrados" del propio tribunal, presidida por un vocal [del CGPJ] magistrado del Supremo, si lo hay, o por un especialista en la materia con nivel de cualificación similar a la de magistrado del TS, en caso contrario.

La comisión estaría formada por "cinco miembros de un nivel de cualificación parangonable con la plaza que se saca a concurso" y los vocales del CGPJ solo formarían parte de la misma si reúnen "la específica capacitación para valorar los méritos de los candidatos".

Según explica, el número de vocales nunca podría ser más de tres, y el resto de miembros serían magistrados del Supremo que se elegiría "por sorteo y turno rotatorio". Los otros dos miembros de estas Comisiones, a desarrollar reglamentariamente, serían profesionales cualificados en función de la Sala afectada.

Con todo, insiste en que con estas medidas "se integra plenamente, incluso en mayor medida que con el actual sistema, la finalidad constitucional de evitar que sea 'el Gobierno' el que pueda decidir o incluso influir en los nombramientos y ascensos de los miembros de la carrera judicial".

Además, defiende que es "importante" y "decisivo" que "el ingente número de nombramientos pendientes" --en el Supremo ya son 25 las vacantes-- deban efectuarse "conforme al nuevo sistema o cualquier otro que se fundamente en los principios de mérito y capacidad objetivamente valorados".