La ILP para la Regularización Extraordinaria de personas migrantes se presenta en el Congreso de los Diputados

Durante el año 2022, unidas en la Plataforma Esenciales, 14.000 personas voluntarias, procedentes de más de 900 organizaciones sociales, consiguieron presentar 611.821 firmas válidas ante la Junta Electoral Central. Un hito altamente significativo ya que solo una de cada diez ILP consigue superar las 500.000 firmas que exige la Ley Orgánica de Iniciativas Legislativas Populares para iniciar el trámite legislativo en el Congreso de los Diputados.

Esta gran movilización ciudadana, de una enorme diversidad, ha convertido esta ILP en una de las iniciativas legislativas que ha recibido más apoyo popular de la historia democrática española. Un trabajo coordinado entre la comisión promotora conformada por el Movimiento autoorganizado de personas migrantes Regularización YA, la Fundación para la Ciudadanía Global, REDES, la Fundación porCausa, Alianza por la Solidaridad y el partido Por Un Mundo Más Justo; y las más de 14 mil personas autoconvocadas en todo el territorio nacional.

Ejemplo de ello es el apoyo recibido de más de 80 ayuntamientos españoles, un cabildo insular, una diputación y un parlamento autonómico que, tras aprobar mociones en sus respectivos plenos, a petición del Movimiento Regularización YA, han enviado al Congreso de los Diputados su aval a la iniciativa. Entre estos municipios cabe destacar ciudades como Barcelona, Valencia, Bilbao o Santiago de Compostela, por mencionar algunas, así como el Cabildo de Tenerife, la Diputación de Cádiz y el Parlamento Vasco. Estas mociones han contado con el respaldo de una amplia diversidad del espectro ideológico.

Esta será la segunda vez que se presente la ILP, ya que se expuso en mayo del año pasado ante la misma comisión, pero no siguió el trámite parlamentario que correspondía, por el adelanto electoral.

Motivos para la regularización

La irregularidad condena a miles de personas, más de 500 mil, a la explotación laboral, la invisibilidad frente a las instituciones, la desprotección legal o la exclusión de facto de servicios públicos esenciales como la educación y la sanidad. Cerca de una tercera parte de las personas en situación administrativa irregular son niñas y niños menores de edad, lo que supone una grave amenaza para sus derechos más básicos.

Además, la irregularidad conlleva la pérdida de un gran aporte económico y fiscal para el conjunto de la sociedad española. La inmensa mayoría de los migrantes adultos en situación administrativa irregular trabajan en sectores de difícil ocupación. Una estimación reciente de la Fundación por Causa y la Universidad Carlos III calcula que cada trabajador regularizado supondría una aportación fiscal neta media de 3.400 euros por persona y año.

Por eso, la ILP reclama una regularización extraordinaria de quienes ya viven y trabajan en nuestro país ante la lentitud de los procedimientos ordinarios que impiden su acceso a derechos. Una iniciativa que no es ajena a prácticas políticas estatales y europeas, ya que desde el año 1996 se han promovido 9 regularizaciones extraordinarias tanto por gobiernos del Partido Popular como del PSOE.

De esta manera, se insta al Gobierno de turno a atender con carácter de urgencia este reclamo popular y participativo, y brindar a más de medio millón de personas migrantes la oportunidad de una vida digna con pleno derecho.