La Junta Electoral analiza esta tarde si quita ya los nuevos mensajes puestos por Torra

Se reúne a las 17.00 horas para analizar el nuevo escenario creado tras la sustitución del lazo amarillo por otro blanco

Símbolos en edificios públicos conselleria de Economia

Redacción digital

Madrid - Publicado el - Actualizado

3 min lectura

La Junta Electoral Central se reunirá esta tarde a las 17.00 horas con las intenciones de analizar el nuevo escenario creado tras la decisión del presidente de la Generalitat, Quim Torra, de sustituir los lazos amarillos por otros de color blanco y decidir, a tenor de la información recabada, si pide quitarlos ya mismo.

Ha cambiado la situación en las últimas 24 horas, puesto que durante la mañana, por instrucción del president del Govern, el cartel que podía verse en la fachada de la Generalitat con el lema "libertad presos políticos y exiliados" junto a un lazo amarillo ha sido reemplazado por otro en el que se lee el mismo mensaje al lado, esta vez, de un lazo blanco con una franja roja.

La decisión de Torra, adoptada ayer por la noche, fue la consecuencia del informe que dio a conocer el Sindic de Greuges (el Defensor del Pueblo en Cataluña), Rafael Ribó, en el que aconsejaba la retirada tanto de los lazos amarillos como de las "esteladas" para mantener el principio de neutralidad que la legislación electoral solicita a las administraciones durante el periodo previo a las elecciones.

Conocido el cambio, la Junta Electoral se ha dirigido a la Delegación del Gobierno en Cataluña para que le informe, hasta las 16.00 horas, sobre la situación y visibilidad en los edificios de la Generalitat de las proclamas en recuerdo de los dirigentes en prisión preventiva y de los que están prófugos en otros países.

Lo que reciba de la Delegación del Gobierno lo analizará en la reunión que tiene prevista para este miércoles a las 17.00 horas en sus dependencias del Congreso de los Diputados.

Los 14 integrantes de la Junta, incluidos el presidente y el secretario, tendrán sobre la mesa varias opciones: una es si, vistos los nuevos mensajes, decide dar un nuevo plazo para su retirada; las otras profundizan en las vías penal, administrativa y policial.

La Junta puede dar traslado a la Fiscalía de los incumplimientos de Torra, al que se dieron dos ultimátum de 48 horas primero y de 24 horas después para la retirada de los lazos amarillos y de las "esteladas" y que no cumplió, por cuanto considera que puede haber incurrido en responsabilidades penales, y en consecuencia, podría ser inhabilitado.

También puede imponer una sanción de hasta 3.000 euros a Torra por no haber cumplido la legislación electoral, y además, puede pedir a la Consellería de Interior que, a su vez, pida a los Mossos D'Esquadra que retiren los nuevos mensajes y las nuevas proclamas exhibidos en los edificios públicos.

Fuentes conocedoras de las deliberaciones de la Junta durante estas semanas puntualizan a Efe que es pronto aún para determinar o prever cuáles serán las decisiones.

La remisión a la Fiscalía del caso, la sanción a Torra y la petición a los Mossos las puede adaptar a la vez en un único acuerdo.

Las reacciones del Gobierno y de los partidos se han ido sucediendo durante la mañana. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que el Ejecutivo hará lo que le ordene la Junta Electoral Central (JEC) "con serenidad, pero también con mucha determinación".

El líder del PP, Pablo Casado, ha dado un paso más y ha instado al presidente a que tome el control de los Mossos mediante la Ley de Seguridad Nacional o de la Guardia Urbana y quite los lazos y las "esteladas".

El PSOE, a través del secretario general del grupo parlamentario en el Congreso, Rafael Simancas, ha tildado la colocación del lazo blanco en la fachada de la Generalitat como "una tomadura de pelo" que no acata las resoluciones de la Junta Electoral.

Por su parte, la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ha presentado este jueves otra denuncia ante la Junta Electoral Central (JEC) para pedir sancionar al presidente catalán, Quim Torra, y forzar la retirada "inmediata" de la simbología soberanista de los edificios públicos. 

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