La Justicia dictamina este martes si Chaves y Griñán propiciaron la trama de los ERE de la Junta de Andalucía

Parece que no, pero todo llega. Típico dicho al que se recurre cuando uno espera con expectación un determinado acontecimiento. Quizás Manuel Chaves y José Antonio Griñán hayan recurrido a esa coletilla estos días.

Y es que será este martes cuando se haga pública la sentencia de la pieza política sobre el escándalo de los ERE, en la que se conocerá si los que fueron presidentes de la Junta de Andalucía durante 23 años (Chaves entre 1990 y 2009 y Griñán entre 2009 y 2013) y otros 19 exaltos cargos idearon una trama delictiva de reparto de 855 millones de euros en ayudas a determinadas empresas para así comprar voluntades, y de la que a día de hoy tan solo se ha recuperado una ínfima parte, unos 6,5 millones de euros.

El interés, la afinidad o la amistad con los mandamases de la administración era el requisito para ser beneficiario. Una dinámica que estuvo vigente una década, entre 2000 y 2010. Como un “fondo de reptiles” llegó a bautizar esta partida un exalto cargo de la Junta. Fue el caso Mercasevilla el que activó todas las alarmas.

El objetivo era evitar que afectara políticamente a los gestores de la Junta de Andalucía la crisis industrial que vivió el territorio con la llegada del nuevo siglo, y que llevaría al despido de miles de trabajadores. Gracias a ello, percibieron su indemnización miles de afectados por los ERE, pero también personas que se beneficiaron de la paga sin haber trabajado previamente en la entidad. Se dieron al menos 196 casos.

Un sistema que permitió al PSOE de Andalucía, su feudo por excelencia, prácticamente perpetuarse en el poder y al que la justicia puso coto en 2011, cuando la juez Mercedes Alaya abrió las diligencias previas que hizo temblar todos los departamentos de la Junta, aunque sería relegada después de que la administración autonómica impusiera multitud de trabas y maniobras para obstaculizar la instrucción. Tanto es así que fue necesaria una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y del Tribunal Supremo para obligar al Gobierno regional a  facilitar a la jueza las actas de los consejos de gobierno que anteriormente había solicitado.

Luego sería la magistrada María Núñez Bolaños quien retomaría el caso en 2015, despiezando la trama por partes. De hecho, logró sentar en el banquillo a una generación de dirigentes socialistas, entre ellos exministros durante la etapa de Zapatero, como Magdalena Álvarez.

La Consejería de Empleo fue el ramo encargado de repartir los fondos. Luego, se delegó la selección y el reparto a una agencia externa, IDEA, con el objetivo de saltarse los controles de los interventores. Pero todo pasaba por quien fue director de Trabajo entre 1999 y 2008, Javier Guerrero, que está en prisión desde 2012 por esta trama. Durante este tiempo, Guerrero no dudó en ayudar a amigos personales de su localidad natal, El Pedroso (Sevilla). Pero los beneficiarios fueron muy numerosos. Desde sindicatos, ayuntamientos, despachos de abogados…

Ahora la Audiencia Provincial de Sevilla dictaminará si se hizo un uso ilícito de un programa recogido en los Presupuestos anuales, o si los gestores de la Junta desactivaron los controles para favorecer a determinadas empresas.

Todos los focos se centran en Chaves y Griñán como máximos responsables de la Junta aquellos años, aunque habría que precisar que a ambos no se les acusa de haberse apropiado de parte del dinero, sino si miraron hacia otro lado para que otros se lucraran mediante este reparto fraudulento de fondos públicos.

La sentencia que se conocerá este martes servirá además para abrir paso a otras 187 piezas que componen toda la macrocausa de los ERE, algunas ya a espera de juicio.