Las principales claves del pacto Antitransfuguismo: el acuerdo que dio la espalda al PSOE y Cs en Murcia

En las últimas semanas hemos asistido a una auténtica revolución en los tableros políticos de algunas comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid y la Región de Murcia, que ha tenido repercusiones en la política nacional, sobre todo en un partido: Ciudadanos. La formación de Inés Arrimadas ha asistido a uno de los momentos más duros de la historia de su partido, ya que se han producido muchas bajas y también marchas a otras formaciones.

Pero uno de los momentos más importantes de estas intensas jornadas se ha producido en la Región de Murcia, donde gracias a tres tránsfugas de Ciudadanos, que firmaron la moción de censura con el PSOE, pero después rompieron la directriz su dirección, se impidió que saliese adelante la moción de censura contra el popular Fernando López Miras. Este hecho ha provocado que se genere un debate alrededor del conocido pacto Antitransfuguismo, que se creó en el año 1998 y que fue renovado en el mes de noviembre del pasado año 2020.

Su última actualización

El pacto Antitransfuguismo se creó en el año 1998 cuando las fuerzas políticas con representación parlamentaria firmaron el conocido como "Acuerdo sobre un código de conducta política en relación con el transfuguismo en las corporaciones locales". Después sufrió varias modificaciones: 26 de septiembre del 200, 23 de mayo del 2006 y por último el 11 de noviembre de 2020.

El pasado año, se suscribió una III adenda al Pacto Antitransfuguismo, denominada “Pacto por la Estabilidad Institucional y lucha contra el transfuguismo político” a la que, hasta el momento, se han adherido las siguientes formaciones políticas: PSOE, Partido Popular, Izquierda Unida, Esquerra Republicana de Catalunya, PNV, BNG, Partido Aragonés, Unión del Pueblo Navarro, Podemos, Ciudadanos, PSC, Foro Asturias, Partido Regionalista de Cantabria, Galicia en Común, Catalunya en Comú y Agrupación Socialista de la Gomera.

La Comisión de seguimiento del Pacto por la Estabilidad institucional y lucha contra el transfuguismo político está compuesta por un representante de cada una de las fuerzas políticas que han suscrito dicho acuerdo. Está además presidida por la persona titular del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, disponiendo de una Secretaría que proporciona asistencia a la citada Comisión, según explica el propio Gobierno de España.

En este sentido, los dos partidos damnificados, PSOE y Ciudadanos, han señalado que varios meses después de su firma todavía existen varios puntos que deben ser ratificados, por lo que su contenido ahora mismo sigue siendo papel mojado. Además, todavía queda nombrar el núcleo de expertos que debe encargarse de aplicar las medidas contempladas en él.

Sus principales claves

El pacto reconoce el compromiso de todas la fuerzas políticas para "impulsar la modificación de los reglamentos de las cámaras autonómicas y los reglamentos orgánicos de las corporaciones locales, para adaptarlos a lo establecido en los Acuerdos y las modificaciones legales que de estos se deriven".

En esta dirección, el acuerdo considera 'tránsfuga' a "la persona electa por una candidatura promovida por una coalición, si abandona se separa de la disciplina o es expulsada del partido político coaligado que propuso su incorporación en la candidatura, a pesar de que recaiga en otro partido o espacio de la coalición, sin el consentimiento o tolerancia del partido que originariamente lo propuso".

Algunas de las medidas más importantes, que recoge el Gobierno de España en su página, de la última actualización son las siguientes, aparte de su extensión a todos los ámbitos de la administración pública: voluntad de extender las medidas del Acuerdo al ámbito autonómico y estatal, reforzar la idea de que la persona tránsfuga no pueda disfrutar de los derechos económicos y administrativos que les corresponde a los grupos políticos, extensión de la medida adoptadas en el pacto a los cargos públicos no elegidos por sufragio directo, definición más precisa del concepto de persona tránsfuga, incorporación de otros supuestos de deslealtad política y mejorar el funcionamiento de la comisión de seguimiento.