Las promesas millonarias de Pedro Sánchez

Los nuevos ministros de la Ejecutiva de Pedro Sánchez comienzan a enseñar músculo apenas medio mes después de tomar posesión de sus cargos. Carmen Montón, José Luis Ábalos o Magdalena Valerio adelantan estos días algunas de sus medidas estrella, que buscarán revocar las políticas que el Partido Popular ha llevado a cabo en los últimos siete años.

Sin embargo, este afán renovador comporta también un aumento ineludible del déficit público que compromete la acción del gobierno. El copago farmacéutico y la eliminación de peajes supondrán, de momento, cerca de 1.400 millones de euros a los contribuyentes españoles. Estas son algunas de las grandes propuestas que veremos -o podríamos ver- en estos dos años que restan de legislatura.

Adiós al copago farmacéutico

Un informe técnico y un posterior Consejo Interterritorial son los pasos que baraja la ministra de Sanidad Carmen Montón para acabar con el copago farmacéutico. Desde 2012, los jubilados tienen que pagar una cuota de los fármacos que consumen en función de su renta (de un 10% base, hasta el 60% para las más altas).

La medida del gobierno popular fue polémica en muchas comunidades autónomas, hasta el punto de que Cataluña y Andalucía recurrieron el real decreto al Tribunal Constitucional; y Asturias y Euskadi se negaron a implantarla. Montón afirma que aún queda un “largo camino” para la eliminación del copago, que costará 400 millones de euros a todos los españoles.

Tarjeta sanitaria universal

En 2012 se aprobó otro real decreto por el que se excluía de la asistencia sanitaria a inmigrantes irregulares -a excepción de menores, embarazadas y atención en urgencias. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celáa, afirmó este sábado que hablarán con los agentes sociales para revertir esta medida y restituir la sanidad universal en España.

Cerca de 800.000 personas “sin papeles” volverán a tener cobertura sanitaria dentro de seis semanas, cuando el gobierno implante el nuevo real decreto. Se desconoce el gasto que supondrá, pero muchas comunidades autónomas ya han aplicado tarjetas alternativas para darles cobertura durante estos años, con un gran incremento en el coste final para las administraciones.

Fin del peaje en las autopistas

José Luis Ábalos, ministro de Fomento, anunció en una entrevista a El País que eliminaría los peajes de las autopistas cuyas concesiones vencen antes de 2021: “la AP-1 entre Burgos y Armiñón (Álava), de 84 kilómetros, que vence el 30 de noviembre de este año, y a la AP-7, entre Alicante y Tarragona, y la AP-4 entre Sevilla y Cádiz, cuyas concesiones concluyen el 31 de diciembre de 2019”.

Estos peajes suponían un ingreso al Estado de 445 millones de euros, y el gasto que supondría el cambio de gestión a la concesionaria pública Seitssa superaría los 1000 millones de euros. “Este coste se refiere principalmente a los gastos de operación y de personal (…). El propio ministro valenciano cuantificó entre 50.000 y 68.000 euros el coste de mantenimiento por kilómetro, lo que le elevaría la factura hasta los 172 millones de euros anuales”.

Las pensiones volverán a subir con el IPC

El Pacto de Toledo se reunió el martes pasado para acordar una subida de las pensiones conforme al IPC para los próximos años. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, iba en la misma línea cuando afirmaba su deseo de reformar la Ley de Seguridad Social para que esto estuviera recogido en la legislación.

En el mes de mayo, el PP y el PNV acordaron un incremento del 1'6% del total de las pensiones para 2018 y 2019, y la intención de la ministra es subir determinados impuestos -o incluso crear otros nuevos- para poder financiarlas. Además, pretende acabar con el factor de sostenibilidad, que pretende ligar las prestaciones a la esperanza de vida de los jubilados.

Sustitución de las concertinas de Ceuta y Melilla

En 2005, el gobierno de Zapatero dispuso una serie de cuchillas cortantes en las vallas de las fronteras de Ceuta y Melilla, con la intención de disuadir a posibles inmigrantes que quisieran entrar a territorio español. El gobierno de Pedro Sánchez pretende acabar con estas concertinas

Fernando Grande-Marlaska, ministro de Interior, e Isabel Celáa, ministra de Educación y portavoz del gobierno, mostraban estos días su repulsa hacia las concertinas y expresaban su deseo de buscar otro método “efectivo” de prevenir el gran flujo migratorio del norte de África.

Mientras tanto, European Security Fencing, la única empresa que las fabrica en toda Europa, se llevaba las manos a la cabeza. “La concertina no es un producto ilegal. Si fuese ilegal no dejarían que se vendiera. El que vende pistolas ilegales sí tiene un problema”, defendía uno de sus empleados en El Confidencial.