Las protestas contra la reforma de la ley de seguridad llegan a Madrid: estos son sus puntos más polémicos

Este sábado tendrá lugar en Madrid la manifestación más importante, convocada por el sindicato de Policía y Guardia Civil Jupol, para mostrar el rechazo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado a la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana. Popularmente conocida como 'Ley Mordaza'.

La protesta, que tiene como lema 'No a la inseguridad ciudadana', arrancará a las 11:30 de la mañana en la céntrica Puerta del Sol. En este sentido, el sindicato denuncia con esta manifestación que la reforma propuesta por el Gobierno "atenta gravemente contra el trabajado diario de todos los miembros de las Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Este acto, completa una protesta que comenzó el pasado 24 de noviembre, con las diferentes manifestaciones ante las delegaciones y las subdelegaciones de Gobierno. Este calendario de protestas ha sido apoyado por más de 40 organizaciones policiales y también cuenta con el apoyo de los partidos políticos de la oposición: PP, Vox y Ciudadanos.

Aunque cuente con el rechazo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, todo apunta a que la ley 04/2015 de Seguridad Ciudadana pasará el trámite parlamentario para su aprobación y posterior publicación en el Boletín Oficial del Estado.

En este sentido, existen una serie de claves por las que los agentes se han visto obligados a "poner el grito en el cielo" contra esta reforma diseñada por el Gobierno de coalición de Pedro Sánchez y Podemos. Los agentes señalan que esta ley "les dejan vendidos" y provoca una "inseguridad jurídica". A continuación repasamos las principales polémicas.

Una de las polémicas es que está ley no considera infracción grabar a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Esta medida llega en un momento en el que las agresiones a agentes se ha disparado hasta una media de 30 agresiones diarias.

Otro de los asuntos que más debate está provocando es que ya no será necesario comunicar previamente las manifestaciones, por lo que podrán producirse de forma espontánea. Este planteamiento, chocaría de frente con el artículo 21.2 de la Constitución, que señala la obligatoriedad de comunicar a la autoridad previamente cualquier tipo de reunión en lugares de tránsito público o manifestaciones.

Pero este asunto generá más dudas aun cuando también la reforma contempla limitar la responsabilidad de los incidentes en una manifestación o concentración solo a los organizadores o promotores, retirando de la ley la opción de sanción a quienes ejerzan actos similares a ellos.

Además, los tiempos de detención también se reducen considerablemente. Las personas que se nieguen a identificarse únicamente podrán ser retenidas un máximo de dos horas, mientras que con la anterior ley anterior este periodo llegaba a seis horas.

También, la reforma contempla que el detenido sea devuelto al lugar de la detención, en vez de permanecer en comisaría. En este sentido, las asociaciones que denuncian esta nueva ley consideran que los agentes harán de "taxistas".

En cuanto a la autoridad ejercida por los agentes, la veracidad de sus decisiones también se ve afectada con esta reforma, ya que el atestado policial perderá la presunción de veracidad, pasando a una presunción de culpabilidad que genera cierta inseguridad jurídica.

En otro orden de asuntos, la ley tiene también connotaciones políticas en forma de guiño, por parte del Gobierno de Sánchez, a los partidos nacionalistas e independentistas, ya que el DNI será plurilingüe. Es decir, podrá estar configurado en las diversas lenguas cooficiales: catalán, valenciano, euskera, gallego...

Además, la cuantía de las multas también varía de manera significativa, ya que a partir de ahora se prescindirá de la intención disuasoria de las sanciones económicas y se tendrá en cuenta la capacidad económica individual de cada persona.

En términos generales, estas son los principales puntos críticos que contempla esta reforma, pero dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hay un colectivo en particular más perjudicado: los antidisturbios.

La ley contempla cambios en el material de los antidisturbios, con la finalidad de que sea menos lesivo. El objetivo es evitar lesiones irreparables, como las que puede provocar el uso de pelotas de goma. También se evitan cacheos en profundidad y desnudos.

Por último, la tenencia de drogas pasa a ser una infracción leve, mientras que con la anterior normativa la posesión de este tipo de sustancias en vía pública era considerada una infracción grave.

Estos son los puntos más críticos que llevan a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado a salir a las calles de la capital de España. Pese a las discrepancias iniciales entre sindicatos y asociaciones, finalmente todos los colectivos representativos de las fuerzas de seguridad del Estado se han sumado a la marcha convocada por Jusapol, la asociación nacida en 2018 y de la que surgieron Jupol y Jucil, las dos organizaciones actualmente con más representación en los consejos de la Policía Nacional y la Guardia Civil, respectivamente.