La Ley de Secretos Oficiales: la 'excusa' vigente para no desvelar informaciones comprometidas sobre España

Una ley de hace 54 años continúa siendo muleta de apoyo para el Gobierno –no solo el actual– a la hora de no hacer públicos determinados documentos oficiales que son, a priori, de interés público.

Hablamos de la ley de Secretos Oficiales. Fue aprobada en el año 1968, durante los últimos años del franquismo y con la firma estampada del almirante Carrero Blanco. Una norma obsoleta, que poco o nada tiene que ver con la España actual a nivel técnico y que es anómala dentro del marco europeo. No han sido pocas las veces que se ha querido someter a debate esta ley y modificarla en el Congreso, pero nunca se ha logrado un consenso.

Pero ¿qué dice la ley 9/1968? ¿por qué es polémica? Declara, principalmente, materias clasificadas “los asuntos, actos, documentos, informaciones, datos y objetos cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o poner en riesgo la seguridad y defensa del Estado”.

Un texto que puede considerarse como muy ambiguo, sin saber muy bien a qué acogerse para discernir entre documentos sensibles y no sensibles. Dicha ley, además, no tiene plazos, a diferencia de la gran mayoría de países de Europa, normalmente situado en los 50 años. Cuando se supera este periodo de tiempo se desclasifican los documentos de manera automática. El Estado tiene la obligación de hacerlo. En España, sin embargo, no hay un mecanismo específico para la desclasificación de documentos.

Se han llegado a dar, incluso, varios intentos por parte de diferentes Gobiernos para desclasificar algunos archivos secretos. Carme Chacón, durante su etapa como ministra de Defensa, intentó llevar a cabo la desclasificación de documentación militar anterior a 1968. Fue paralizado en 2011. La actual ministra de esta cartera, Margarita Robles, autorizó en 2018 el acceso público del Archivo General de Ávila anterior al año 1968, pero solo a una parte.

En el actual Gobierno de coalición, por la parte del PSOE, la intención es que haya una ley que sustituya a la de Secretos Oficiales. Los socialistas, aún redactando el borrador y sin conocerse demasiados detalles de su contenido, quieren que la nueva norma eche a andar antes de que termine la legislatura, en 2023.

Pero, mientras tanto, y por paradójico que suene, el Ejecutivo se ampara en esa misma ley. Una manera de evitar que determinadas informaciones sensibles salgan a la luz. El último caso conocido: los documentos e informes sobre el polémico rescate a la aerolínea Plus Ultra. El ministerio de Transportes, a cargo por aquel entonces del ministro José Luis Ábalos, se acogió a dicha norma para no publicarlos. Transparencia no lo considera como argumento válido y pide que se publiquen. Incluso el CNI, que hace unos pocos días decidió, para no explicar si el ‘pequeño Nicolás’ trabajó para ellos, que dicha información fuera clasificada como secreto oficial.

Más allá de estos dos últimos casos, hablamos de importantes documentos que son desconocidos para la mayoría de la población sobre grandes acontecimientos de nuestra historia reciente: entre otras cuestiones, la Guerra Civil, el 23-F o la lucha contra el terrorismo. Documentos que podrían despejar no pocas incógnitas y determinantes sobre el último siglo de historia de España.