Los Servicios Sociales denuncian la pérdida de los mil millones comprometidos por el Gobierno

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha denunciado el "abandono" y "ensañamiento" que supone la desaparición de los mil millones de euros para servicios sociales que habían sido anunciados por el Gobierno y que finalmente no estarán en el nuevo reparto del fondo social.

En un comunicado, esta asociación ha recordado que el nuevo reparto anunciado por el jefe del Ejecutivo contempla financiación para los tres pilares del Bienestar (la Sanidad con 9.000 millones de euros, Educación con 2.000 millones e ingreso mínimo vital con 3.000 millones).

Para el cuarto pilar que son los servicios sociales, y que atienden a seis millones de personas y -advierte- antes de final de año atenderá a más de diez millones se destinará "lo que determinen las consejerías de Hacienda de las comunidades del fondo común que se transfiere".

"Esto supone un abandono, con ensañamiento, después de haber comprometido esa financiación para la atención de las personas más vulnerables", denuncia en el comunicado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro.

Ha advertido del riesgo de exclusión y quiebra de la cohesión social que supone esta falta de inversión y ha alertado de que la consecuencia es "una bomba de relojería que, de no desactivarse, estallará en un futuro próximo y que pondrá en la encrucijada a una sociedad cada vez con más desigualdad y mayor sufrimiento".

Los servicios sociales son "una inversión imprescindible para garantizar la atención digna a las personas más vulnerables", ha recordado Ramírez, quien ha subrayado que necesitan el apoyo financiero del Estado porque las comunidades autónomas "no pueden más y los Ayuntamientos han sobrepasado con creces sus obligaciones con el sistema".

Ha recordado que 164 personas fallecen cada día en España a la espera de prestaciones y servicios a los que tienen reconocido el derecho y ha alertado de la situación de diez millones de personas que se encuentran en el "precipicio de la exclusión social", de las 400.000 personas mayores que viven en las residencias, 43.000 personas con discapacidad en centros residenciales, de las 100.000 más en centros de día o las 450.000 con el servicio de ayuda a domicilio.

"Confiemos en que los gobernantes autonómicos destinen las cantidades que hubiesen correspondido de haber mantenido el crédito anunciado y eliminado, y que el vicepresidente de derechos sociales tenga más autoridad e influencia que la demostrada hasta ahora para defender el cuarto pilar del bienestar del que es competente", ha indicado Ramírez. EFE