Los tres años de cárcel de los presos del procés: entradas y salidas constantes, privilegios que han tenido...

Era el lunes cuando el Ministro de Justicia, Juan Carlos Campos, pedía normalizar la concesión de los indultos ante la posibilidad de que el Ejecutivo de Sánchez les conceda este 'privilegio' a los líderes del 1-O, cuestión que tendrá que abordar el Consejo de Ministros en los próximos meses. Desde entonces, esta opción ha ido ganando protagonismo— ya que Sánchez también ha dejado abierta esta posibilidad—, pese a que los tribunales se hayan mostrado contrarios a esta opción.

Este miércoles ha sido la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo el último en emitir un informe mostrándose en contra de tal posibilidad al no aprecia razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia. Sin embargo, el paso de los líderes soberanistas por la cárcel durante estos últimos tres años y medio se ha visto edulcorada en más de una ocasión con los diversos privilegios de los que han disfrutado, entre los que han destacado las diversas entradas y salidas de las que han podido disfrutar en su paso por prisión.

El paso de los líderes independentistas por la prisión, en el punto de mira

En reiteradas ocasiones diversos sindicatos así como informes internos de instituciones penitenciarias han puesto en el punto de mira los privilegios que han tenido Junqueras, Turull, Forn, Romeva, Sánchez y Cuixart a su paso por Llenoders: movimientos con libertad dentro del centro, un número de visitas superior al resto de sus compañeros, o la posibilidad de que sean médicos privados quienes les hagan la revisión médica habitual han sido algunas de las cuestiones que han permitido hacer la vida más fácil a quienes declararon en 2017 la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) bajo el mandato de Puigdemont, huido de la Justicia española desde entonces.

Sin embargo, su paso por el centro penitenciario también ha venido acompañado de otros privilegios como la posibilidad de recibir permisos para salir de los centros penitenciaros. Fue en julio de 2020, hace casi un año, cuando en esta dirección apuntaron las juntas de tratamiento penitenciario de la Generalitat al proponer el tercer grado para los presos, después de clasificarlos en segundo grado. Decisión que quedó en papel mojado en diciembre, cuando el Tribunal Supremo apreció una prematura en lo dictado.

Todo este contexto, no en vano, ha provocado que los líderes soberanistas se hayan dejado ver en diversos actos políticos, como mítines de campaña. La más sonada tuvo lugar este mismo año, cuando Cataluña celebraba elecciones autonómicas adelantadas, ya que los presos participaban en los mítines de ERC y JxCat como dos ciudadanos más. Sin embargo, los líderes independentistas también han participado en otros actos políticos, como el que permitió coincidir al que fuera vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras con el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi.

Este mismo lunes, en este sentido, hemos podido comprobar la permisibilidad con la que se les ha permitido estar en la cárcel. Y es que la práctica totalidad de ellos pudieron estar en la investidura del nuevo presidente del Govern, Pere Aragonés, aunque cuando las comunicaciones entre JxCat y ERC estaban encalladas era el candidato republicano el que acudía a la cárcel para desatascar las conversaciones.

La falta de arrepentimiento también ha marcado el paso de los líderes del procès

Todos estos privilegios han venido acompañados, además, de la falta de arrepentimiento que han mostrado en todo momento la mayoría de los líderes soberanistas. Algunos, ya en prisión, anunciaron que volverían a declarar la independencia una vez dejasen la prisión a la que fueron condenados por la Sala de lo penal del Tribunal Supremo por los delitos de malversación y sedición a entre 9 y 13 años de prisión.

De hecho, el Gobierno de Sánchez tendrá que resolver en las próximas semanas el sentido final del indulto— que tras el informe del Tribunal Supremo este solo podrá ser parcial—, sin que sean los afectados quienes la pidan, ya que la causa parte de una petición formulada en enero por Francesc Jufresa, un abogado barcelonés, algo que está permitido en nuestra legislación española.