Macarena Olona: “Se ha escrito una página de la historia del constitucionalismo español”

La decisión del Pleno del Tribunal Constitucional de declarar inconstitucional el primer estado de alarma, y con él las restricciones de movilidad y las medidas de confinamiento, ha confirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez no solo limitó derechos fundamentales, sino que los suspendió durante los 98 días en los que estuvo vigente entre marzo y junio de 2020.

Esta decisión, que ha sido tomada tras una deliberación muy reñida en la que 5 de los 11 magistrados han emitido votos particulares, asegura que para llevar a cabo este confinamiento, uno de los más duros del mundo, el Gobierno tenía que haber empleado otro instrumento legal: el estado de excepción.

Un auténtico varapalo por parte de la Justicia al Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez tras el recurso presentado por Vox. Esta circunstancia ha provocado que los principales partidos de la oposición se sumen al fallo judicial del TC para reclamar al jefe del Ejecutivo el adelanto de la convocatoria de elecciones para poner fin a un Gobierno que “ha fracasado” jurídicamente frente a la pandemia.

Ahora, habrá que esperar a la publicación de la sentencia para poder analizarla y discernir el alcance de la decisión del TC y comprender así cuál será el alcance y sus efectos; qué ocurrirá si la decisión aborda una inconstitucionalidad radical; qué herramientas políticas se eclipsaron durante 98 días en el Congreso; o qué pasa ahora con las miles de multas que quedan en el aire.

La secretaria general del Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha analizado en COPE los detalles del recurso interpuesto por Vox contra las medidas del estado de alarma y la importancia del fallo del Tribunal Constitucional conocido este miércoles.

Pregunta: Cuesta echar la vista atrás y hacer un balance sereno sobre el valor de esta sentencia por la incesante cantidad de información que nos ha bombardeado durante este último año. ¿Es realmente un triunfo para el constitucionalismo español?

Así lo consideramos. Se ha escrito una página de la historia del constitucionalismo español porque denunciamos que se había impuesto un estado de excepción encubierto y que se había hecho frente a la pandemia con medidas sanitarias que, por supuesto, son necesarias pero que derogaban la Constitución, algo que no ha sucedido en los países de nuestro entorno. Nuestro Gobierno nos secuestró, nos confinó inconstitucionalmente y, teniendo los mecanismos oportunos para haber tomado las medidas que fueran necesarias, incluido el confinamiento, decidió no hacerlo por chantaje de sus socios separatistas.

A pesar de tratarse de un fallo histórico, ¿tendrá efectos prácticos sobre los ciudadanos españoles?

Por desgracia, y a expensas de lo que pueda decir finalmente la sentencia cuando la conozcamos con detalle, creemos que incluirá alguna declaración política para proteger al Gobierno limitando el alcance de la sentencia. Lo que parece evidente es que todas las multas que se han impuesto durante el primer estado de alarma, que fueron de un orden de 1.200.000, se verán automáticamente anuladas, lo que va a suponer que los españoles no tengan que abonar 720 millones de euros, hecho el cálculo con la franja más baja del importe económico de las multas. Queda otro punto muy importante, que es el de las indemnizaciones para todos aquellos españoles que puedan acreditar perjuicios como consecuencia de estas medidas inconstitucionales. En este último punto es donde parece que se va a incluir alguna salvaguarda para proteger al Gobierno.

Suele afirmarse que “La Justicia que es lenta no es justicia”. ¿Han tenido que enfrentar muchas dificultades desde Vox hasta poder llegar a esta resolución?

Muchísimas. Desde Vox y desde la Democracia española ahora que se van conociendo las presiones a las que han sido sometidos los Magistrados que han decidido ser valientes y que estaban dispuestos a aplicar la Constitución. De manera particular doña Encarnación Roca, que precisamente fue propuesta por el PSOE pero cuyo voto iba a ser determinante como finalmente así ha sido. Únicamente nosotros y el diputado de Foro Asturias solicitamos la suspensión cautelar y el TC lo desestimó con una escueta línea.

¿Por qué apoyó Vox en un primer momento el estado de alarma y no su prórroga?

Nosotros no solamente apoyamos la primera prórroga del estado de alarma, sino que fuimos los primeros que solicitamos al Gobierno de España que acordase el estado de alarma. Lo hicimos una semana antes de que acordara finalmente el 14 de marzo de 2020. Lo solicitamos porque era evidente que ante una pandemia que no entiende de fronteras, algo que también ha dicho públicamente el señor Sánchez, nuestro actual Estado de las autonomías, y como consecuencia de la distribución de competencias entre tres administraciones distintas, daba lugar a una distorsión, a una descoordinación y a una ineficacia en la adopción de las medidas necesarias para luchar contra la pandemia que exigía un mando único. Este mando único, en los momentos iniciales del mes de marzo de 2020, requería que se coordinase bajo ese mando único todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que se adoptasen las mismas medidas sanitarias para toda España.

Esto solo era posible acordando el estado de alarma. Cuando Sánchez lo acordó nosotros lo celebramos, y de hecho apoyamos la primera prórroga del estado de alarma, pero porque en la misma lo que se indicaba en su artículo séptimo es que limitaría la circulación de los ciudadanos españoles, salvo determinadas excepciones, entre las que se incluían el desplazarse hasta los centros de trabajos respectivos. Tres días después el Gobierno, de manera unilateral, compareció en una de sus clásicas 'producciones Redondo' para anunciar que modificaban el estado de alarma vía Real Decreto para confinarnos a todos los españoles en nuestros domicilios.

Esta modificación, que entraba en vigor el 30 de marzo de 2020, nos mantuvo a todos pendientes para conocer qué españoles podían o no levantar la persiana de sus negocios. Cuando vimos el alcance de la suspensión generalizada de derechos fundamentales que se cometía es cuando dijimos claramente que lo que se acababa de imponer en España era un estado de excepción encubierto. Esto es lo que dio lugar a que en la siguiente solicitud prórroga, la segunda el estado de alarma, Vox presentase unas enmiendas donde lo primero que solicitábamos era que dimitiese en bloque todo el Gobierno de España para constituir un Gobierno de concentración y de emergencia nacional. Si Sánchez actuó de esta manera fue por presiones de Esquerra Republicana y Bildu, que le exigieron el secuestro y el arresto domiciliario pero no a través del estado de excepción porque eso habría sido inasumible para ellos frente a sus votantes.

¿Vamos a conocer la sentencia que se bloqueó en junio o temen que pueda sufrir modificaciones?

Estoy convencida de que todavía habrá alguna presión para que se ejecute alguna modificación puntual, pero creo que lo realmente importante ya lo hemos conocido. Tampoco me cabe la menor duda que de que en esa sentencia se incluirá algún párrafo para que este éxito que es de Vox en solitario quede de alguna manera deslucido y para que ni el PP ni el Gobierno de España salgan demasiado feos en la fotografía.

¿Les inquieta la reacción del Gobierno a la sentencia del que es el máximo intérprete de nuestra Constitución? Podemos ha acusado directamente a los jueces de "ejercer la oposición al Gobierno".

Es algo que es inédito en la historia de nuestra Democracia, pero igualmente ha sido inédito que el Consejo General del Poder Judicial tenga que emitir hasta en tres ocasiones comunicados públicos defendiendo la independencia del Poder Judicial frente a los ataques públicos de este Gobierno vertidos desde la Moncloa. Lo que tendría que haber hecho un Gobierno con un mínimo de decencia es dimitir en bloque tan pronto como se hubiera conocido este fallo estimatorio que es el mayor varapalo jurídico y judicial que se recuerda en un Gobierno de la historia reciente de la Democracia.

Esta sentencia es de una gravedad extrema. Pero lejos de dimitir y de asumir sus responsabilidades, lo que han hecho ha sido invocar a los muertos para intentar justificar su indecencia y su absoluto desprecio al ordenamiento legal y Constitucional. Vox, en su recurso, no pone en cuestión el confinamiento inicial. Lo que pone en cuestión es que el Gobierno socialcomunista se situase por encima de la ley y por cuestiones estrictamente políticas decidiese que la lucha contra la pandemia podría tener lugar al margen y en contra de la Constitución.

¿Les impresiona también, como demócratas, las vacilaciones del Ejecutivo a la hora de calificar como “dictadura” al régimen cubano?

El Gobierno se define así mismo con esta actitud. Se niegan a calificar al régimen cubano como una dictadura donde existe una absoluta vulneración de Derechos Humanos, y sin embargo aquí se anclan y se justifican cuando son ellos los que cercenan los derechos fundamentales. Es evidente que Gobierno socialcomunista es rehén de su socio Podemos que no puede condenar una dictadura como es la cubana porque, en definitiva, al régimen castrista le debe muchísimo Podemos.

Otro recurso presentado por Vox, en esta ocasión ante el Tribunal Supremo y que ya se encuentra en curso, es el que pretende recurrir los indultos a los nueve condenados por la causa del procés concedidos por el Gobierno de Sánchez. ¿Qué recorrido judicial puede tener esta nueva cruzada?

Hemos interpuesto estos recursos con muchas esperanzas porque nos asiste la ley. Tenemos el precedente del indulto concedido por el Gobierno de Zapatero durante sus últimos días de vigencia a quien fuera consejero delegado del Banco Santander.

El Tribunal Supremo anuló este indulto porque entendió que el Gobierno se extralimitó en la aplicación de la medida de gracia, algo que en el caso de los indulto a los nueve condenados por la causa del procés es más gravoso si tenemos en cuenta el demoledor informe emitido por el Tribunal. A lo largo de esos 21 folios hace un detallado análisis de porqué no puede considerarse que concurran razones de justicia de equidad, y mucho menos de utilidad pública, como tampoco concurre el requisito esencial del arrepentimiento.

Por tanto, se trata de un acto discrecional y arbitrario del Gobierno. Una vez que obtengamos ese pronunciamiento, el paso siguiente será el de imponer una querella contra todos y cada uno de los miembros del Consejo de Ministros que votaron a favor.