El ministro de Justicia, ante la inhabilitación de Torra: "Las sentencias se acatan y se respetan"

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha negado este miércoles que la tramitación de los indultos de los condenados por el "procés" sea una respuesta política ante el conflicto catalán y ha eludido valorar la decisión del Supremo que confirmó la inhabilitación de Quim Torra: "las sentencias se acatan y se respetan".

En la sesión de control al Gobierno del pleno del Congreso, Campo ha respondido a la diputada de JxCat Laura Borràs, quien preguntaba si la tramitación de los indultos era un gesto político, pero no le ha aclarado por qué no se ha publicado el decreto con la inhabilitación de Torra como presidente de la Generalitat.

Borràs ha considerado que ni el jefe del Estado ni el presidente del Gobierno "han osado firmar" ese decreto, convencida de que "derrocar a un presidente autonómico democráticamente escogido es una vergüenza tan descomunal que no se atreven ni a publicarlo en el BOE".

Campo le ha asegurado que entendía su argumentación política y su lenguaje, pero, como ministro de Justicia que cree que España es un Estado democrático y de derecho, ha rechazado entrar a debatir sobre la sentencia: "las sentencias se acatan, se respetan y se hacen ejecutar por los tribunales".

"La Justicia tiene que cumplir con su papel y la política tiene que hacer el suyo", ha manifestado el ministro para instar a la diputada y a su partido a unirse al "diálogo" que ofrece el Gobierno para afrontar la situación de Cataluña.

Borràs, por su parte, ha augurado que la justicia europea acabará "inhabilitando" a la justicia española y a su "obsesión por servir a España en lugar de servir a la Justicia" y ha advertido de que si lo que se pretende es "inhabilitar a los independentistas" no se conseguirá.

"A más represión, más determinación, y a más vulneración de derechos, más convicción de la necesidad de disponer de un estado propio que nos respete", ha advertido.

Sobre los indultos, Borràs ha recordado al ministro que tramitarlos es "mero trámite administrativo" y Campo ha coincidido en que no es "respuesta política a nada", sino cumplimiento del ordenamiento jurídico y de la ley de 1870 que regula esta medida de gracia que permite revisar toda o parte de una pena.