Moncloa pasa de querer el superávit de los ayuntamientos a permitirles un gasto sin límite

El Gobierno no va a darse por vencido en lo que respecta a 'ganarse' a los ayuntamientos españoles. Los protagonistas de la primera derrota parlamentaria del Ejecutivo de coalición del PSOE y Unidas Podemos siguen muy presentes en los planes de Hacienda. Tanto es así que el ministerio que encabeza María Jesús Montero ya ha dado una vuelta a las medidas que no consiguió sacar adelante la pasada semana.

El objetivo, tras los ajustes de rigor, es que este nuevo decreto-ley sí sea del agrado de la mayoría de la municipalidad nacional. Sorprende, no obstante, que hay cambios drásticos entre un proyecto gubernamental y otro. Como queda muy claro si analizamos su antes y después. ¿Es este uno de los asuntos que (o eso parece) más quita el sueño al equipo de Pedro Sánchez? Ahora mismo, y con los Presupuestos Generales del Estado en el fondo de la cuestión, sí rotundo.

Primero, el foco en los remanentes

La primera propuesta del Gobierno ponía el foco en los ahorros de los ayuntamientos. Había 5.000 millones de euros para aquellos que tuviesen remanentes, con un préstamo al Estado de estos que se iba a devolver luego de forma íntegra. La movilidad o la cultura estaban entre los fines a los que había que destinar el dinero.

Los ayuntamientos habrían ahorrado unos 70 millones de euros anuales al no tener que depositar los remanentes en entidades financieras. Los ingresos recibidos habrían sido de un importe, al menos, del 35% de los fondos aportados al préstamo; el tiempo de espera máximo para el reembolso de ese dinero por parte del Estado, entre 10 y 15 años.

¿Conclusión? Los ayuntamientos habrían visto su gasto menos limitado al otorgar los ahorros municipales (en el caso de tenerlos) a la causa estatal.

Después, en el gasto

Visto que el proyecto inicial de Hacienda contó con una amplia oposición en el Congreso (hasta 193 noes), el equipo de Montero ha decidido centrarse en otro asunto: acabar con la regla de gasto de los ayuntamientos y prorrogar para 2020 el uso del superávit (más ingresos que gastos) de 2019.

Eso sí, ese superávit sólo podrá usarse para financiar “inversiones financieramente sostenibles”. Además, los proyectos relativos a estas que se iniciasen en 2019 y estén financiados con superávit de 2018 podrán concluir en 2021.

¿Qué pasaría con el fondo de los 5.000 millones previsto en cuanto a los remanentes? El Gobierno ha propuesto que parte de este (entre un 40 y 60%) se reparta sin condiciones. La población, y no los ahorros municipales, sería el gran criterio a seguir.

Las Diputaciones Forales y Cabildos Insulares de Canarias podrán usar, de forma excepcional, el superávit de 2019 para compensar la caída de ingresos en materia fiscal. En cuanto a los ayuntamientos en riesgo financiero, podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. También podrán cancelar sus deudas relativas al Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores.

Incluso se ofrece la posibilidad, a los ayuntamientos con problemas de solvencia, de consolidar deuda a corto plazo en deuda a largo plazo. Al igual que se concede permiso a las Diputaciones Provinciales y entidades similares para ayudar a los municipios con problemas. Por último, el Gobierno propone habilitar las entregas a cuenta y la liquidación del sistema de financiación local.

En total, hablamos de un conjunto de medidas cifradas en más de 3.000 millones de euros. Con estos retoques (y, de momento, ya sin contemplar nada sobre los remanentes), se espera contentar, ahora sí, a las administraciones locales.

No obstante, estas echan de menos dos fondos: uno de compensación a la reducción de los ingresos del transporte y otro de ayudas extraordinarias. En ambos casos, debido a la pandemia. Tampoco queda claro qué pasará finalmente con el fondo de los 5.000 millones.

El viraje del Gobierno, que ha pasado de ansiar el ahorro de los ayuntamientos a no limitar el gasto, está ahí. Si será o no suficiente para dar carpetazo al frente abierto con los ayuntamientos, no queda nada claro. De momento, el escenario de cara a la votación parlamentaria del jueves dista mucho de ser el mejor: PP, ERC, Ciudadanos, Junts, PNV y Compromís mantienen su negativa inicial a Hacienda y el tiempo corre en contra del PSOE y Podemos.