¿Pueden negarse las CCAA a acoger a los menores extranjeros? Los territorios buscan soluciones

El reciente acuerdo entre el Gobierno y Junts para modificar la Ley de Extranjería ha desatado un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular. Desde Moncloa insisten en que el reparto de menores extranjeros es de obligado cumplimiento, a pesar de que la reforma se ha pactado sin la participación del resto de territorios. La medida ha generado controversia, especialmente porque implica que autonomías como Madrid podrían recibir hasta 700 menores, mientras que otras regiones, como Cataluña o el País Vasco, apenas acogerán unas pocas decenas.

Un conflicto entre autonomías y Gobierno

Las comunidades autónomas del PP han reaccionado con rechazo a esta imposición y algunas, como la Comunidad Valenciana, ya han anunciado su negativa a aceptar menores si no tienen capacidad para atenderlos dignamente. Argumentan que trasladarlos desde Canarias, donde la crisis migratoria es más acuciante, para volver a hacinarlos en otras regiones, no solo no soluciona el problema, sino que podría empeorarlo.

El Gobierno, sin embargo, mantiene que el Real Decreto-ley pactado con Junts es vinculante y debe cumplirse. Para ello, ha dado de plazo hasta finales de mes a las comunidades para que presenten certificados que acrediten cuántos menores extranjeros han acogido hasta ahora. Una vez recopilada esta información, se determinará el reparto definitivo.

La vía judicial y el amparo europeo

Las autonomías afectadas por la medida exploran diversas opciones para frenar lo que consideran una decisión unilateral del Ejecutivo. En particular, estudian recurrir a los tribunales españoles y solicitar el amparo de la Unión Europea. Alegan que la reforma de la Ley de Extranjería se ha hecho sin consenso y que las competencias en materia de menores están transferidas a las comunidades autónomas, por lo que consideran que el Gobierno no puede imponer un reparto sin su consentimiento.

Este conflicto no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también políticas. Mientras el Ejecutivo defiende la necesidad de una distribución solidaria, las regiones afectadas insisten en que el Estado debe garantizar los recursos adecuados antes de exigir su cumplimiento. La situación sigue evolucionando y podría derivar en un nuevo pulso entre el Gobierno central y las comunidades autónomas, con la vista puesta en los tribunales y en Bruselas.