El nuevo estado de alarma será diferente al de marzo: su objetivo es dar cobertura jurídica a las CCAA

El Consejo de Ministros extraordinario convocado para este 25 de octubre aprobará la imposición en todo el país de un nuevo estado de alarma, el cuarto de la historia de la democracia. Con esta decisión, el Ejecutivo busca tomar medidas de gran calado para intentar rebajar el impacto que la covid-19 está teniendo en nuestro país en las últimas semanas, en las que se ha registrado importante cifras de contagios y fallecidos que nos colocan como uno de los países más castigados en Europa y también a nivel mundial.

Según han comunicado las propias redes sociales de La Moncloa, la convocatoria gubernamental se realiza "para estudiar los términos de un nuevo Real Decreto de estado de alarma para afrontar la situación ante la pandemia de coronavirus".

La implantación del nuevo estado de alarma ha sido solicitada por un total de diez comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco, Cantabria, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Navarra, Comunidad Valenciana, La Rioja y Baleares) y también la ciudad autónoma de Melilla.

Principales objetivos y diferencias del nuevo estado de alarma

El Consejo de Ministros tendrá que definir el contenido de este nuevo Real Decreto, ya que por si solo el estado de alarma no contiene medidas, sino que es una herramienta que faculta para determinar medidas concretas. Uno de los principales puntos a destacar de este nuevo estado de alarma es que se centrará en apoyar al máximo las restricciones de movilidad en horario nocturno. Una de las grandes diferencias con el decretado en el mes de marzo, que restringía la movilidad durante toda la jornada. Esta medida sería una especie de toque de queda, figura jurídica no contemplada en nuestra legislación, pero su concepto se está utilizando para comparar estas medidas con las adoptadas en otros países de Europa. Será la medida más destacada de este nuevo Real Decreto, sobre el que el Ejecutivo dará más detalles este domingo.

El Estado de Alarma decretado en el mes de marzo se caracterizaba por aplicar un criterio común a todo el territorio nacional, independientemente de la situación epidemiológica de cada Comunidad Autónoma o zona sanitaria. El Gobierno era el que centralizaba todas las decisiones, dejando a las comunidades autónomas en un segundo plano en cuanto a la toma de decisiones de calado importantes respecto a la pandemia. La declaración del estado de alarma de mediados de marzo permitía al Gobierno, sin tener que negociar con ninguna otra administración, limitar los movimientos de personas, impedir que permanezcan en las calles, tomar el control de industrias, racionar el consumo o asegura el aprovisionamiento.

Será el mismo instrumento legal que el del mes de marzo, pero tendrá un contenido mucho más limitado, muy enfocado al apoyo jurídico y legal y sin intervenir en otras competencias de los presidentes autonómicos. Tampoco incluirá medidas relacionadas con el confinamiento domiciliario en todo el territorio, algo que si incluía en el decretado a finales de invierno.

Seguridad jurídica, la principal medida

El principal objetivo de este nuevo estado de alarma es dar seguridad jurídica a las comunidades autónoma para implementar las medidas y restricciones que consideren oportunas y necesarias en cada uno de sus territorios. "Es un paraguas que sirve para poder actuar con rapidez, contundencia y determinación", explican desde Moncloa.

Esta seguridad es necesaria después de que en los últimos meses y semanas, varios tribunales superiores de Justicia autonómicos tumbasen las medidas impuestas por los gobiernos autonómicos porque veían necesario la implantación del estado de alarma para restringir la movilidad a sus ciudadanos. Con este nuevo Real Decreto, los gobiernos regionales estarán protegidos en este sentido.

Desde el punto de vista sanitario, el Gobierno Central sí que quiere que se apliquen criterios homogéneos en función de la intensidad de contagios. Por ello, la pasada semana el Consejo Interterritorial de Salud acordó esta semana aplicar medidas en función del riesgo y el nivel de alerta que presente cada comunidad autónoma. Para ello se ha creado una especie de 'semáforo' que indicará el riesgo de cada región. Habrá cuatro: bajo, medio, alto y extremo. Según el nivel que presente cada comunidad autónoma se tendrán que aplicar unas medidas u otras a través del consenso entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno. Otra diferencia clara respecto al anterior estado de alarma.

Por lo tanto, en este nuevo estado de alarma serán las comunidades autónomas las que tendrán las competencias en materia sanitaria y no el Ministerio de Sanidad como ocurrió hasta que comenzó la desescalada y el camino hacia la nueva normalidad.

A falta de la confirmación oficial, el estado de alarma se decretará durante los próximos 15 días, el tiempo máximo contemplado por la Constitución. Pero el Gobierno de Sánchez contempla su prórroga. Parece que lo conseguirá en el Congreso de los Diputados con los mismos votos con los que consiguió las prórrogas del anterior, incluido Ciudadanos. Solo falta por conocer la postura del PP de Pablo Casado, formación con la que Sánchez quiere consensuar el apoyo.