El Parlament amenaza con desobedecer a Llarena
Pretenden que sea el Pleno quien decida sobre la suspensión de los diputados procesados en una votación
Madrid - Publicado el - Actualizado
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El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha denunciado este martes lo que considera "voluntad de adulterar las mayorías parlamentarias" con la decisión del juez Pablo Llarena de suspender a seis diputados independentistas acusados de rebelión, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont.
Según ha indicado Torrent en unas declaraciones hechas desde Québec (Canadá) y transcritas en un comunicado, los diputados suspendidos por el mencionado juez del Tribunal Supremo "no están condenados" y se encuentran "en prisión o en el exilio por delitos inexistentes, acusados en un relato falso que intenta atribuir una violencia que no ha existido nunca".
Sobre la resolución del juez instructor, el presidente Torrent ha explicado que "no es firme, pero cuando la tengamos analizaremos su contenido en la Mesa y a través de los mecanismos que tiene el propio Parlament de Catalunya para actuar en casos como este". La idea de Torrent es que sea el Pleno quien decida sobre la suspensión de los diputados procesados en una votación. El dirigente ha contrastado la judicialización que sufre el proceso soberanista catalán con la forma de actuar de Canadá con respecto a Québec, "donde el diálogo y la negociación política son la base de la resolución de los conflictos".
Mientras, el Govern ha denunciado que la suspensión de seis diputados pretende "alterar mayorías" en el Parlament, mientras que el grupo de JxCat ha pedido que sea la Cámara quien decida si aplica esa suspensión. Si bien el presidente de la Generalitat, Quim Torra, salió ayer de Moncloa satisfecho por haber podido al menos hablar con el jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, del conflicto catalán desde la política, pese al desacuerdo sobre el "procés", los soberanistas han recibido un revés por parte del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.
Unos minutos antes de conocerse la decisión de Llarena, la consellera y portavoz del Govern, Elsa Artadi, al término de la reunión de Govern, ya había denunciado un interés en "seguir alterando las mayorías parlamentarias que surgieron de las urnas el 21-D" a través de la suspensión de los diputados soberanistas. Fuentes del ejecutivo catalán consultadas por Efe posteriormente han indicado que ven esta decisión de Llarena como "una nueva vulneración de los derechos de los diputados" afectados.
Las mismas fuentes han subrayado además que solo demuestra que "no se respeta el resultado de 21-D", elecciones en las que los soberanistas obtuvieron mayoría absoluta en el Parlament. Por su parte, Puigdemont, a través de Twitter desde Alemania, ha alertado de que el voto de los ciudadanos está siendo "quebrantado por una justicia que continúa haciendo política". "Concretamente hay un apartheid contra políticos escogidos democráticamente y que somos suspendidos de manera arbitraria por un juez", ha añadido Puigdemont.Así ha hecho referencia a unas declaraciones de la candidata a la presidencia del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, quien ha recalcado a Pedro Sánchez que no valen los "apaciguamientos" con quienes practican el "apartheid". Unas palabras que Artadi ha calificado de "lamentables", mientras que el líder del PSC, Miquel Iceta, las ha tachado de "insulto".
Desde los grupos parlamentarios soberanistas, JxCat ha defendido que el pleno del Parlament es quien debe "decidir" si suspende de cargo público a Puigdemont y a los cinco otros diputados catalanes, y ha dejado claro que "en ningún caso" su grupo pedirá a sus parlamentarios que "renuncien".La CUP también ha pedido mantener "intactos" los derechos de los diputados afectados, mientras que ERC no ha querido pronunciarse aún sobre si aceptará o no dicha suspensión, pero ha considerado "impropio en una democracia" que un juez pueda suspender a un parlamentario. Catalunya En Comú-Podem ha puesto en duda que una votación del pleno del Parlament pudiera tener "efectividad" para evitar la suspensión de los diputados.
La decisión de Llarena ha alterado el clima de distensión que se había producido en la reunión de ayer entre Torra y Sánchez, que el propio presidente catalán, en una entrevista en Catalunya Ràdio, admitía por la mañana que abría "una etapa de diálogo". Aunque a la vez Torra ha reiterado que no renunciará al derecho a la autodeterminación y ha avisado de que tiene "55 años", sus hijos ya son "mayores" y que no tiene "nada que perder".
Después de la entrevista, Torra ha acudido al Palau de la Generalitat a presidir la reunión semanal del Govern antes de coger un vuelo hacia Escocia, donde se reunirá mañana con la primer ministra escocesa, Nicola Sturgeon, y la exconsellera Clara Ponsatí. Después de la reunión del Govern, la consellera de Presidencia ha indicado que, pese a la negativa de Sánchez a autorizar un referéndum, el ejecutivo catalán no se pone "fechas límites" en el proceso soberanista para dar "una opción al diálogo".
Tras la reunión de presidentes, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y el vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, se reunirán este jueves en Madrid precisamente para avanzar en la normalización de las relaciones. En cuanto a los presos soberanistas, Artadi ha detallado que Torra abordó la situación de los mismos con Sánchez, pero no le hizo ninguna "petición" para que forzara cambios en la Fiscalía, ya que el gobierno catalán "no participa ni tiene constancia sobre posibles negociaciones con la Fiscalía".
Las defensas de los exconsellers del PDeCAT encarcelados por rebelión -Jordi Turull, Josep Rull y Joaquim Forn- y del diputado de JxCat y ex presidente de la ANC Jordi Sànchez han negado también "categóricamente" cualquier negociación con la Fiscalía. Precisamente este martes Turull, Forn y Rull han llegado a la prisión zaragozana de Zuera y hoy partirán hacia el centro de Lledoners (Sant Joan de Vilatorrada, Barcelona), en el último traslado de presos soberanistas a Cataluña.