La presidenta del Parlamento andaluz aclara que Díaz y Griñán no están incluidos en el escrito de la Fiscalía

La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, ha aclarado este miércoles que el escrito que la Mesa de la Cámara trasladará a la Fiscalía sobre las incomparecencias de ex altos cargos ante la comisión de la Faffe no incluye a los expresidentes de la Junta Susana Díaz y José Antonio Griñán.

Bosquet ha hecho esta aclaración después de que el portavoz del PP, José Antonio Nieto, asegurara esta mañana que la Mesa del Parlamento había decidido trasladar a la Fiscalía la decisión del expresidente de la Junta Manuel Chaves y de varios exconsejeros de no responder a preguntas ante la comisión de la Faffe, así como la incomparecencia de José Antonio Griñán y Susana Díaz, por si han podido incurrir en algún tipo de irregularidad administrativa o penal.

Lo que enviará el Parlamento a la Fiscalía, según ha explicado Bosquet, es el escrito que la comisión de investigación de la Faffe remitió a la Mesa de la Cámara para poner en su conocimiento que Manuel Chaves se había marchado sin responder a preguntas, que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, no compareció y que los exconsejeros Javier Carnero, José Sánchez Maldonado y Antonio Ramírez Arellano se fueron tras una breve intervención inicial.

Se trata de un escrito remitido el pasado 18 de noviembre por el presidente de la Comisión de la Faffe a la Mesa del Parlamento, que será remitido ahora a la Fiscalía y al que se adjuntará la documentación que los servicios jurídicos de la Cámara consideren conveniente (como mínimo, las actas de esas sesiones de la comisión).

La decisión que ha adoptado hoy la Mesa del Parlamento no se ha sometido a votación, aunque el PSOE ha mostrado su disconformidad con este acuerdo.

La presidenta de la Cámara ha dicho que el objetivo es que la Fiscalía analice si la actuación de los ex altos cargos son constitutivos o no de un delito de desobediencia, un cuestión que compete al Ministerio Fiscal, que es "al que corresponde determinarlo".

Ha recordado que cuando se produce alguna incomparecencia, se da traslado a la Mesa del Parlamento, por acuerdo de la comisión, para que se remita a la Fiscalía, que es lo que finalmente se ha acordado hoy.

Bosquet ha admitido que la "doctrina" sobre lo que debe entenderse por incomparecencia no es unánime, pues hay quien opina que es "no asistir", pero hay quien cree que también debe ser considerado como incomparecencia cuando se asiste pero no se colabora al no responder a las preguntas.

En su opinión, no es lo mismo no declarar ante una comisión de investigación cuando sobre el compareciente pesa una causa penal que cuando son personas que no están inmersas en ningún procedimiento penal,

"De lo que se trata es de depurar responsabilidades políticas y la obligación principal de un responsable político es intentar aclarar y manifestar cuanto esté en su mano", ha señalado.