Prisión y auto de procesamiento, las condiciones para inhabilitar a Turull

Encaje de bolillos para burlar la acción de la justicia. Este miércoles pasadas las 21:00 horas el presidente del Parlamento de Cataluña, Roger Torrent, sorprendía con la convocatoria in extremis del pleno para investir al presidente de la Generalidad. Apenas horas antes el Tribunal Supremo había anunciado el procesamiento de Jordi Turull, único candidato a obtener la confianza de la Cámara, junto con el resto de investigados por el referéndum del 1 de octubre.

Una decisión con la que Torrent trata de anticiparse a la posibilidad de que el magistrado Pablo Llarena suspenda para el ejercicio de cargo público a Turull, lo que impediría su elección como presidente del Ejecutivo autonómico.

Y es que, Turull, que se encuentra en libertad provisional por la presunta comisión de los delitos de rebelión, sedición y malversación con ocasión de la declaración unilateral de independencia, será procesado este viernes, lo que implica que finaliza la instrucción judicial porque existen indicios racionales de criminalidad suficiente para juzgarlo.

Una medida anunciada por Llarena en el mediodía del miércoles, y que de ir acompañada de un cambio en las medidas cautelares que pesan sobre el exconsejero de Puigdemont, pasando de la libertad a la prisión provisional, frustraría los planes para investirlo presidente.

Como dispone el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión”.

Es decir, si finalmente Llarena encarcela a Turull los independentistas tendrían que buscar a un cuarto candidato al gobierno de la Generalidad, pues aunque el auto de procesamiento podría ser recurrido por su defensa –no sería firme-, el Tribunal Supremo no tardaría en pronunciarse, impidiendo posiblemente que un parlamentario con responsabilidades penales se hiciese con el Gobierno autonómico.

Por eso, Torrent, consciente de que la decisión de Llarena puede frustrar la estrategia de los independentistas, forzó la celebración del pleno de investidura. Poco después de conocer el anuncio de procesamiento inició una ronda de consultas vía telefónica con los diferentes grupos parlamentarios en lugar de hacerlo de forma presencial, como estaba previsto para este jueves. Una actuación que pone en tela de juicio el cumplimiento de sus obligaciones como presidente del Parlamento de Cataluña, que son actuar en interés de los ciudadanos y sin sujeción a los intereses de ningún partido político.