Prisión para el tesorero de la Comisión Islámica por financiación de terrorismo

El juez de la Audiencia Nacional Joaquín Gadea ha ordenado prisión provisional para el tesorero de la Comisión Islámica de España por supuestas pertenencia a organización terrorista y financiación del terrorismo desviando ayudas humanitarias destinadas a niños huérfanos de Siria.

Así lo ha acordado este jueves el magistrado tras tomarle declaración en el marco de la operación en la que ha sido detenido con otras dos personas que quedaron en libertad por la Policía Nacional, entre ellos Mohamad Ayman Adlbi, presidente de la Comisión Islámica de España, han informado fuentes jurídicas este jueves.

A juicio del instructor existen indicios de que el tesorero de la Comisión podría estar colaborando con una ONG que estaría facilitando ayuda económica a facciones yihadistas filiales o que han servido a los intereses de Al Qaeda.

Según informa la Policía Nacional la operación se ha saldado de momento con dos detenidos en Madrid y otro en Santa Cruz de Tenerife por su presunta participación en un delito de financiación terrorista utilizando como cobertura la recaudación de donativos de ayuda humanitaria para niños huérfanos sirios.

Los arrestados están acusados de, haciendo uso de los recursos de una asociación cultural, recaudar donativos solidarios y dirigir una parte a zonas ocupadas por milicias de Al Qaeda con el objetivo de sufragar a sus combatientes.

Supuestamente canalizaban las cantidades de dinero desde España, aportadas de buena fe entre los simpatizantes de un centro cultural islámico, hasta una ONG con actividad en zona de conflicto de Siria.

Una parte de la recaudación era destinada a sufragar los gastos de un centro escolar para niños huérfanos situado en zona de conflicto, cuyas actividades se centraban en el adiestramiento de futuros muyahidines.

La educación impartida se centraba en la enseñanza más radical de la Sharía y el entrenamiento de los niños en la lucha armada, motivándolos a continuar la actividad terrorista de sus padres muertos en combate.

Esta investigación arranca de otras diligencias abiertas en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional en 2019.

Las pesquisas apuntan a la supuesta participación de un grupo de personas coordinadas durante varios años para organizar y trasladar desde España dinero a facciones yihadistas filiales o que han servido a los intereses de Al Qaeda.

Para esas labores de recaudación se creó una dinámica fraudulenta para obtener sumas de dinero de decenas de personas con residencia en distintas partes de España y que en su mayoría no conocían con claridad quiénes eran los beneficiarios finales del dinero que aportan en esa campaña caritativa organizada por los investigados.

De lo investigado se desprende que el tesorero de la Comisión y los otros dos detenidos utilizaron su posición de influencia en la gestión del centro islámico Mezquita de Abu Bakr, situado en la calle de Anastasio Herrero de Madrid.

El tesorero habría utilizado supuestamente recursos de varias asociaciones religiosas musulmanas interconectadas entre sí y ubicadas en ese centro islámico para recaudar donativos bajo la apariencia de ayuda humanitaria a huérfanos.

Un dinero que con posterioridad de hacía llegar de forma opaca de una ONG denominada Organización Humanitaria Al Bashaer a Al Basdyer Insani Yardim Dernegine, según se desprende de las pesquisas.

Desde el inicio del conflicto sirio los investigados habrían puesto en marcha supuestamente un sistema de recaudación de dinero a nivel nacional que utiliza como cobertura la ayuda humanitaria a huérfanos de Siria, todo ello a través de la mencionada ONG, vinculada a la organización terrorista yihadista Yeish al Islam, que ha llegado a operar como filial de Al Qaeda en Siria.

En la operación han participado las brigadas provinciales de Información de Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Zaragoza y Ceuta -a nivel nacional- y de la agencia policial Europol, a nivel internacional.

Durante la operación, que se desarrolló el pasado martes, se han realizado cuatro entradas y registros, en los cuales se ha intervenido numerosa documentación, dinero, efectos y soportes técnicos que están siendo analizados por los investigadores.

El juez ha decretado el secreto de las actuaciones y la investigación sigue abierta por lo que no se descartan nuevas diligencias.