¿Puede tener consecuencias jurídicas la retención de decenas de jóvenes en Baleares tras el macrobrote?

Decenas de estudiantes permanecen aislados en Mallorca debido al macrobrote que ha causado cientos de positivos en las islas. Por el momento se sabe que hay más de 250 jóvenes aislados desde el pasado viernes y decenas de ellos han sido trasladados a un hotel covid.

Este lunes hemos conocido que la madre de uno de las estudiantes en cuarentena en Mallorca ha denunciado al Govern de Baleares por detención ilegal y prevaricación, aunque no ha sido la única ya que los padres de un grupo de 45 alumnos de San Fernando (Cádiz) también han presentado una denuncia contra el Govern balear. La denuncia de la madre se basa en que su hijo fue trasladado desde el hotel donde se encontraba con el resto de sus compañeros hasta otro medicalizado, donde los jóvenes están siendo aislados. La madre ha recordado que los jóvenes, de entre 17 y 18 años, no han estado en contacto con ningún positivo y la decisión de trasladarles al hotel medicalizado no estaba justificada.

La madre ha denunciado que las autoridades sanitarias de Baleares trasladaron así a sus hijos a estos hoteles, sin su autorización.

Por su parte, el subdelegado del Gobierno, José Pacheco, ha asegurado que está en contacto con las familias y la Delegación del Gobierno de Baleares para que los estudiantes estén informados y asistidos, y además ha justificado el aislamiento forzoso en la "gravedad" de la enfermedad que se está intentando controlar, "ya que puede ser mortal".

Llegados a este punto surge la pregunta: ¿hasta qué punto se puede tener retenidos a estos jóvenes contra su voluntad y la de sus progenitores?

¿Es legal retener a los jóvenes contra su voluntad?

La respuesta la ha dado el abogado penalista y profesor de Derecho en la Universidad de Navarra, José María de Pablo, quien en un hilo de su cuenta de Twitter ha explicado en once puntos los motivos por los que no es legal hacerlo.

El abogado ha recogido varios artículos de la Constitución, y destaca fundamentalmente el artículo 19 sobre la libertad de movimientos en el territorio nacional. "El artículo 19 de la Constitución consagra el derecho fundamental a circular libremente por el territorio nacional", ha escrito el experto.

Asimismo ha añadido que "para que una Administración pueda restringir un derecho fundamental -en el caso de estos menores, su derecho a salir del hotel- es necesaria una autorización judicial". En este sentido, e independientemente de que se trate de un confinamiento "por motivos sanitarios, el art. 8.6 LJCA prevé la necesaria autorización judicial".

En este sentido, José María de Pablo ha explicado que "si se trata de un confinamiento ordenado por la Administración, sin intervención judicial, y sin estado de alarma ni de excepción, podríamos estar ante un posible caso de detención ilegal". En cualquier caso, ha matizado sus palabras y ha matizado que habla de hipótesis porque no tiene "más datos que los publicados en prensa".

Por ello, y a modo de respuesta a la pregunta de qué deberían hacer los padres de estos menores, a su juicio, deberían "interponer urgentemente un procedimiento de habeas corpus ante el Juzgado de Guardia de Palma de Mallorca". En última instancia, el abogado penalista ha matizado especialmente que desconoce "las circunstancias concretas del caso, más allá de lo publicado en prensa" y que esto no es más que una "opinión" basada en las noticias que se han publicado recientemente.