¿Pueden las Comunidades desobedecer al Interterritorial? Ayuso vuelve a plantar cara a Sanidad

La guerra abierta entre el Gobierno y las comunidades autónomas no ha hecho más que empezar. El pasado miércoles, el Ministerio de Sanidad y las comunidades aprobaron en el seno del Consejo Interterritorial de Salud un documento de obligado cumplimiento para la denominada 'nueva normalidad', con la que se obliga a cerrar bares y restaurantes a la 01:00 horas, así como la reapertura del ocio nocturno hasta las 03:00 horas y la prohibición de fumar si no existe distancia de seguridad. Eso sí, tan solo en los territorios con menos incidencia acumulada.

Una batería de medidas comunes que varias comunidades han rechazado. Madrid, Andalucía, Murcia, Cataluña y Galicia votaron en contra del marco de medidas. Castilla y León y la ciudad autónoma de Melilla se abstuvieron, mientras que País Vasco optó por no participar en la votación. Con un rechazo notorio, en el que muchas comunidades han reprochado que estas nuevas restricciones suponen una invasión de sus competencias, ya solo cabe preguntarse si, efectivamente, las comunidades están obligadas a aplicar las nuevas medidas.

¿Están las comunidades obligadas a cumplir las nuevas normas de Sanidad?

La primera en rechazar públicamente las medidas ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid en funciones, Isabel Díaz Ayuso, quien ha asegurado que no va a aplicar las restricciones acordadas en el Consejo Interterritorial, alegando que no son "de obligado cumplimiento". También el consejero de Sanidad madrileño en funciones, Enrique Ruiz Escudero, ha anunciado que la comunidad recurrirá las restricciones porque se han tomado "sin ningún consenso". También recurrirá la Junta de Castilla y León.

País Vasco, por su parte, ha considerado este asunto como una "invasión de competencias", mientras que Galicia estudiará hasta que punto "es obligatoria esta decisión". Cataluña ha defendido que las competencias en salud pública son de las comunidades y Andalucía ha rechazado "la imposición" de las restricciones. Murcia fue la otra comunidad en votar en contra porque esta batería de medidas significa dar "un paso atrás". Con todas las quejas sobre la mesa, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha recordado a todas las comunidades que se han 'rebelado' contra la decisión del Consejo Interterritorial, que las acciones no requieren unanimidad y son de obligado cumplimiento.

Si bien es cierto que hubo una mayoría de votos a favor de esta batería de nuevas medidas, no consiguió la unanimidad. Esto nos lleva a preguntarnos si las comunidades están obligadas, por lo tanto, a cumplir con esta nueva batería de medidas. Teóricamente, la ley que regula este asunto recoge que el acuerdo será de obligado cumplimiento si hay anteriormente un consenso. Según la Real Academia Española, el consenso es "un acuerdo producido por consentimiento entre todos los miembros de un grupo o entre varios grupos".

No obstante, un informe emitido por el Tribunal Supremo el pasado mes de octubre, indicaba en su primer párrafo que los "acuerdos" no podían ser impuestos a las comunidades autónomas que han votado en contra. Sin embargo, en el párrafo siguiente, precisa que cuando la Administración General del Estado "ejerza funciones de coordinación" en el Consejo, el acuerdo que se adopte deberá ser "de obligado cumplimiento para todas las Administraciones Públicas integrantes de la Conferencia Sectorial, con independencia del sentido de su voto". En este sentido, un informe emitido por la Abogacía del Estado, siembra también la duda: por un lado asegura que los acuerdos deberán ser aprobados por consenso pero que las Administraciones Públicas integrantes de la conferencia Sectorial deberán cumplir con estas medidas.

Esta situación de desacuerdo abre la puerta a dos escenarios. En primer lugar, que se abra una guerra judicial en los tribunales correspondientes, que deban tomar una decisión final sobre el cumplimiento de esas medidas, y las respectivas comunidades autónomas, o un nuevo estado de alarma, ya sea nacional o autonómico, que las obligue a hacerlo incluso en contra de su voluntad.

¿Nuevo estado de alarma?

Esta situación nos lleva a recordar irremediablemente lo que ocurrió el pasado mes de septiembre, antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, decretara el segundo estado de alarma a nivel nacional.

Por aquel entonces, y frente al enorme incremento de contagios que se comenzó a producir en la Comunidad de Madrid, el consejo Interterritorial decretó una batería de restricciones que afectaban a la comunidad presidida por Ayuso. La autonomía recurrió al TSJM, que estimó que no se podían imponer cierres perimetrales porque atentaban contra los derechos fundamentales de los ciudadanos. Fue así como el Gobierno decretó el estado de alarma a nivel autonómico con el único objetivo de cerrar perimetralmente la capital.

Esta situación de inconformismo y descontento entre Gobierno y comunidades abre ahora la puerta a la posibilidad de que el Gobierno pudiera imponer un tercer estado de alarma, por el que sí podría obligar a las distintas comunidades a cumplir las medidas acordadas durante, al menos, quince días.

La cogobernanza del Gobierno

La decisión no consensuada del Consejo Interterritorial ha puesto en jaque las decisiones que habían tomado las distintas comunidades hasta ahora, y por ende, sus propias estrategias de desescalada.

Recordemos el decreto del segundo estado de alarma en España, cuando el Gobierno central dejó en manos de las comunidades las diferentes medidas restrictivas que se aplicarían durante los seis meses siguientes. En otras palabras, fueron los Gobiernos regionales quienes, bajo el amparo del estado de alarma, impusieron las diferentes restricciones para afrontar las siguientes olas de la pandemia.

Frente a esta 'indefensión' desde las comunidades por un estado de alarma sin ningún tipo de directriz, las autonomías supieron tomar la situación y afrontar la pandemia. Con el fin del estado de alarma, de nuevo, se enfrentaron al caos jurídico. Fueron diversas regiones las que pidieron nuevas baterías de restricciones al Gobierno, cuyo argumento fue que las comunidades tenían "las herramientas suficientes" para poder hacer frente a la pandemia.

Fue así como, una vez más, tuvieron que tratar de sacar adelante sus propias restricciones, sin ningún tipo de respaldo por parte del Gobierno. Ahora que muchas de ellas ya habían encauzado sus respectivas desescaladas, se encuentran de nuevo ante una orden desde el Gobierno que las las va a obligar a cambiar sus estrategias para luchar contra la pandemia.