¿En qué se parecen y en qué se diferencian las reformas judiciales de Polonia y España?

La pretensión de Sánchez de controlar el Poder Judicial a través de la reforma del CGPJ presentada en el Congreso ha despertado el recelo de Europa. La oposición ha acusado al presidente del Gobierno de iniciar una deriva autoritaria y de ponerse al mismo nivel que países como Hungría o Polonia, sancionadas por la UE por la intromisión del Ejecutivo en el poder judicial. Los paralelismos entre la norma del Gobierno de PSOE y Unidas Podemos para renovar el CGPJ y la aprobada hace tres años en Polonia son evidentes, aunque el país del este ha ido más allá a la hora de poner bajo control el Poder Judicial.

LA PROPUESTA DE SÁNCHEZ

Para conseguir la renovación de los doce vocales del Consejo que elige el Congreso actualmente es necesaria una mayoría de tres quintos, lo que hace fundamental la implicación del PP. Con la propuesta registrada por las fuerzas gubernamentales se mantiene la mayoría tres quintos necesaria para renovar hasta a 12 vocales del CGPJ en una primera votación, pero si esta no se alcanzara, 48 horas después se repetirá la votación y para entonces sólo será necesario el voto de la mayoría absoluta.

El propio Tribunal Constitucional sentenció en 1986 que la mayoría requerida para reformar todo el CGPJ debe ser la de tres quintos. El PP ha anunciado ya la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra esta modificación.

La proposición también incluye, aparte de la rebaja de la mayoría parlamentaria requerida para la renovación de los vocales, directrices concretas para delimitar la actuación del CGPJ cuando caduque su mandato. Con ello, se persigue definir la actuación que puede emprender el órgano de gobierno de los jueces 'en funciones', circunscribiendo su papel a actuaciones del trámite del día a día. Así, se evitarían que se emprendiera decisiones de calado como la designación de puestos clave en la cúpula judicial.

La decisión de que sean el PSOE y Unidas Podemos los que impulsen en el Congreso la reforma para cambiar el sistema de elección del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de una proposición de ley evitará al Gobierno los informes de órganos consultivos como el Consejo de Estado, al Consejo Fiscal y al propio Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Ese trámite no solo retrasaría la aprobación, sino que daría ocasión a que alguna de esas instituciones se pronunciara e contra o planteara objeciones molestas para el Ejecutivo.

¿Por qué es tan importante este cambio de decisión del Gobierno? El CGPJ es el encargado de “los nombramientos” de los jueces, así como los nombramientos de los magistrados del Tribunal Supremo y de los presidentes de los órganos jurisdiccionales. También le corresponde la potestad jurisdiccional para sancionar a los propios jueces en caso de incumplimiento de sus obligaciones y la inspección de los juzgados y tribunales para que “funcionen bien”. Con la norma que plantea Sánchez, el Gobierno podría controlar a 17 del total de 21 miembros del CGPJ (los 12 elegido por el Congreso, más los cuatro juristas que permanecerían en sus puestos, más el presidente del órgano, a su vez presidente del Supremo)

LA REFORMA DE POLONIA

La Comisión Europea tiene varios expedientes sancionadores abiertos contra Polonia por socavar la independencia judicial y además llegó a iniciar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que se activa cuando existen riesgos graves para el Estado de derecho en un Estado miembro y que prevé, en última instancia, suspender el derecho a voto en la UE del país incumplidor si no corrige la situación. Este último proceso, sin embargo, se encuentra en punto muerto en la fase que corresponde desarrollar al Consejo.

¿Pero qué está pasando en Polonia y por qué se relaciona ahora con la maniobra que quiere imponer Sánchez? En 2016, el gobierno polaco acometió una reforma del Consejo Nacional del Poder Judicial polaco (KRS), compuesto por 25 miembros. Dicho cambio permitió que 25 de esos 25 miembros fueran elegidos por el poder legislativo. En esta elección por parte de la cámara baja polaca, el Consejo es escogido con tres quintos del parlamento, y en caso de que no se alcance esta cuota, se procede a una segunda votación en la que servirá una mayoría absoluta. Exactamente el mismo procedimiento que ahora quieren incluir PSOE y Podemos en España.

Sin embargo, el recelo de la UE hacia Polonia se produce por otras dos polémicas medidas. El Gobierno polaco dio también luz verde a ley que reducía la edad de jubilación de fiscales y jueces de tribunales ordinarios, así como la edad de jubilación anticipada de los jueces del Tribunal Supremo polaco a 60. Este cambio permitía al gobierno polaco a renovar a casi un tercio de los miembros del Supremo. Algo que el Tribunal de Justicia de la UE consideró ilegal.

Por último, el parlamento polaco aprobó en febrero un nuevo proyecto de ley para aumentar la responsabilidad disciplinaria de los jueces, lo que la oposición entiende que es un cauce para castigar a los 'jueces críticos'. Según ellos, contempla sanciones y hasta el despido de los jueces que cuestionen la legimidad de las reformas y los nombramientos judiciales. El tribunal europeo consideró que este órgano no garantizaba ni la independencia ni la imparcialidad del sistema disciplinario.

El Gobierno polaco de Mateusz Morawiecki pertenece al ultraconservador partido Ley y Justicia, principal aliado de Vox en el Parlamento Europeo.

LA RESPUESTA DE POLONIA A LA MANIOBRA DE SÁNCHEZ

El viceministro de Exteriores de Polonia, Pawel Jablonski, ha preguntado a la Comisión Europea si también abrirá un expediente sancionador a España si cambia la forma de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), como ha propuesto el Gobierno de Pedro Sánchez.

La Comisión Europea tiene varios expedientes sancionadores abiertos contra Polonia por socavar la independencia judicial y además llegó a iniciar el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea que se activa cuando existen riesgos graves para el Estado de derecho en un Estado miembro y que prevé, en última instancia, suspender el derecho a voto en la UE del país incumplidor si no corrige la situación. Este último proceso, sin embargo, se encuentra actualmente en punto muerto.

Resulta curioso, no obstante, que fuera el propio PSOE quien pidiera hace escasas semanas retirar las ayudas europeas a Polonia y Hungría por su control sobre la Justicia. La portavoz socialista en el Parlamento Europeo, Iratxe García, dijo en el pleno en junio: "Los socialistas lo tenemos claro. Ni un solo euro para aquellos Gobiernos que no actúen con pleno respeto del Estado de Derecho y de los valores fundamentales de la Unión", en referencia a Polonia y Hungría