¿Qué hay detrás del caso Morodo?: El papel del embajador de Zapatero en Venezuela que cobró comisiones de la petrolera PDVSA

Raúl Morodo, quien fuera embajador de España en Venezuela durante la presidencia de José Luis Rodríguez Zapatero, es juzgado -desde este lunes- en la Audiencia Nacional por supuesto fraude fiscal de casi 4,5 millones de euros en ganancias que obtuvo su hijo Alejo de sus negocios con la petrolera estatal venezolana PDVSA entre 2013 y 2015.

La Fiscalía Anticorrupción pide una pena de tres años y medio de cárcel para él y de ocho años y medio para su hijo Alejo y también para su nuera. Reclama además multas millonarias para Alejo Morodo Cañeque (3,7 millones de euros) y para su mujer Ana Catarina Varandas (3,8 millones), y algo menos cuantiosa para Raúl Morodo (378.700 euros).

El caso morodo, ¿corrupción generaliza en una época?

 Alejo Morodo y cuatro personas más fueron detenidos en 2019 en una operación dirigida por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, acusados del blanqueo de capitales, por dinero conseguido ilícitamente de Petróleos de Venezuela (PDVSA). 

El exembajador, pese a figurar entre los investigados y al que se le atribuía  ser uno de los cabecillas de la trama, no fue detenido por su avanzada edad. Según el sumario del conocido como caso Morodo acreditó un supuesto saqueo de treinta millones a la petrolera estatal venezolana PDVSA.

A sus 89 años, Raúl Morodo se sienta en el banquillo junto a su hijo y su nuera que fueron los que crearon una compleja trama de sociedades con la colaboración de dos socios venezolanos, exdirectivos de la petrolera como Juan Carlos Márquez, que aparecía ahorcado en Madrid tras prestar declaración en la Audiencia Nacional tras su detención en 2019.

el extraño ahorcamiento del directivo de PDVSA 

La muerte del directivo de Petróleos de Venezuela, Juan Carlos Márquez, días después de su detención por su implicación en la trama, es la parte truculenta que todo caso de corrupción tiene en sí.

Las crónicas de aquellos días de finales de julio de 2019 cuando saltó el caso a las primeras páginas de la prensa hablan de que Márquez había salido tranquilo tras declarar ante el juez Pedraz. Nada hacía presagiar que dos días después de su paso por la Audiencia Nacional, el que fuera secretario general de Entes Corporativos de PDVSA se fuera a quitar de en medio ahorcándose.

Junto al cuerpo se encontró una carta que daba más verosimilitud al suicidio.

Márquez aseguró ante el juez que su cargo era más bien simbólico pese a que los investigadores aseguran que firmaba los contratos en nombre de PDVSA. Estaba vinculado con el también venezolano Carlos Prada, socio de Alejo Morodo en España, y quien le encontró muerto.

Su paso por la embajada de españa en Venezuela

El caso Morodo ha ocupado y preocupado este lunes a los tertulianos de Herrera en COPE: Chencho Arias (exembajador de España ante la ONU y otros altos cargos), Ignacio Camacho y Javier Gállego.

"¿Quién nombró a Raúl Morodo? Rodríguez Zapatero. El origen es Rodríguez Zapatero que nombra a Raúl Morodo sin ser diplomático, en una embajada clave. De aquellos polvos, estos lodos. ¡Oh casualidad!, que Raúl Morodo estaba en lo que estaba, que era en los negocios, también personales, pues huele muy mal. , muy mal, muy mal", decía Javier Gállego.

Apostillaba Carlos Herrera que "se descubrió que el señor Morodo tenía una cantidad de dinero en algunas cuentas que no estaba justificado con su sueldo y cuando se le preguntó, cuando se investigó acerca de dónde provenían esos cuatro millones y medio, que algunos se sitúan en una cantidad bastante mayor, dijo que eran pagos que había realizado la empresa PDVSA a cambio de unas asesorías que eran, evidentemente, ficticias".

Por su parte, Chencho Arias, recuerda que "en el caso de Morodo, los diplomáticos sabían que ya estaban ocurriendo cosas raras. Que cuando llegaba alguien con un problema, el embajador lo desviaba a su hijo y ahí había un cambalache de cualquier tipo. Y luego ahora se descubre que, claro, estaban cobrando dinero de una empresa pública venezolana".