El Salvador.- Bukele firma la reforma para la destitución de un tercio de los jueces y fiscales pese a las protestas

Jueces salvadoreños denuncian al Gobierno de Bukele ante la CIDH

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha firmado este viernes las reformas que destituyen a un tercio de los jueces y fiscales del país centroamericano, pese a las protestas y las críticas de los mismos y la comunidad internacional.

Según recoge el medio salvadoreño 'El Mundo', el mandatario ha promulgado un decreto legislativo en el que respalda las reformas de la Ley de la Carrera Judicial y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que se publicó en el Diario Oficial el pasado 14 de agosto pero ha sido divulgado este viernes.

"El ejercicio de la función de magistrados y jueces cesará de manera obligatoria cuando las personas que ejercen dichos cargos cumplan 60 años, lo que implica el cese del funcionario en su cargo", recoge el decreto.

Asimismo, indica que los jueces con más de 30 años en la judicatura pueden ser destituidos de sus cargos de inmediato.

Las reformas entran en vigor ocho días después de la publicación en el Diario Oficial, por lo que lo harán el 22 de septiembre, si bien desde la Presidencia han indicado que la destitución de los jueces la decidiría el Tribunal Supremo de Justicia.

Bukele ha firmado las reformas pese a las protestas que se llevaron a cabo en su contra y otras medidas de su Gobierno el pasado 15 de septiembre.

DENUNCIA ANTE LA CIDH

Ante el último empujón a la destitución, jueces salvadoreños han denunciado al Gobierno de Bukele ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La denuncia ha sido presentada contra la Asamblea Legislativa, controlada por el oficialismo, y la Presidencia, y se centra en la Ley de la Carrera Judicial, si bien recoge también las reformas a la Ley de la Fiscalía.

Por parte de los denunciantes, el juez Antonio Duran ha indicado que en la denuncia los magistrados han aseverado que han sido "vulnerados" sus derechos y han solicitado que otorgue medidas cautelares a su favor.

Asimismo, han demandado que suspenda la vigencia de las reformas y que, en caso de que finalmente entren en vigor, se restituya a los afectados "por traslado, remoción, destitución o cesación".