Sànchez pide al Supremo salir de prisión para ser investido

 El número dos de JxCat, Jordi Sànchez, propuesto como candidato a la Presidencia de la Generalitat, ha pedido al Tribunal Supremo y al Constitucional que lo dejen libre o le permitan acudir al Parlament el próximo lunes para su investidura, alegando que su voluntad y la de su grupo es respetar la "legislación vigente".

En un escrito al que ha tenido acceso Efe, la defensa de Sànchez solicita al juez del Supremo Pablo Llarena que lo deje en libertad provisional o le permita "acudir personalmente al debate de investidura" que, añade, está previsto para el 12 de marzo, para garantizar así sus derechos políticos y los de sus votantes. La defensa, que se remite en su escrito al caso del etarra Juan Carlos Yoldi excarcelado por la Audiencia de Pamplona para acudir al debate sobre su investidura, recalca la "decidida voluntad" de Sànchez de "obrar siempre de modo pacífico y respetuoso con la legalidad, sin que ello comporte renuncia alguna a sus firmes convicciones independentistas y republicanas".

Según el escrito, la propia candidatura de Sànchez a la Presidencia de la Generalitat "es una muestra evidente de la voluntad, no solo personal sino de todo su grupo parlamentario, de respetar las decisiones del Tribunal Constitucional, aunque no se comparta su contenido". En ese sentido, apunta la defensa que si Jordi Sànchez y el resto de miembros de su grupo hubieran querido "rebelarse violentamente, es evidente que en ningún caso se hubiera optado por concurrir a las elecciones o presentar un candidato alternativo a Puigdemont a la Presidencia del Gobierno autonómico". "Ciertamente, existe una abierta discrepancia respecto del criterio de la jurisdicción constitucional", añade el escrito, que, sin embargo, precisa que "tal discrepancia se está vehiculando por medio de recursos judiciales y en ningún caso se está recurriendo a acciones violentas o tumultuarias (...)".

Jordi Pina, abogado de Sànchez, reprocha asimismo al Supremo el "tratamiento radicalmente desigual" que ha dado a su cliente, un mero "líder de una asociación cívica", con respecto a otros investigados por rebelión que son diputados, entre ellos la dirigente de ERC Marta Rovira, a la que dejó en libertad bajo fianza.

Por ese motivo, solicita al juez que aplique a Sànchez "las mismas razones" que le llevaron a dejar en libertad a otros imputados por rebelión, entre ellos el expresidente catalán Artur Mas, la propia expresidenta del Parlament Carme Forcadell o los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, y Dolors Bassa. Pina elogia en su escrito la "independencia y coraje judicial" de la Audiencia de Pamplona cuando, en los 80, permitió al integrante de ETA José Yoldi acudir a la cámara vasca para el pleno de investidura en el que aspiraba ser elegido Lehendakari, sin éxito.

Tras recordar que ese año ETA asesinó a más de 40 personas y que los jueces se encontraban entre las víctimas potenciales de la banda, la defensa sostiene que ahora se plantea el mismo "dilema" que entonces, con la diferencia de encontrarnos "en una época políticamente convulsa, pero afortunadamente sin ningún tipo de violencia por razones políticas o de terrorismo".

Denegar esa petición supondría, para la defensa, "un lamentable paso atrás en materia de protección de los derechos civiles y políticos, que además situaría a España ante un posible riesgo de condena futura por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos". "¿Cómo explicar internacionalmente que en la España de los años ochenta un presunto terrorista imputado pudo presentar su candidatura y, en cambio, en pleno siglo XXI se haya privado de tal posibilidad al diputado Jordi Sànchez", añade el escrito, que lamenta que a otros presos se les permita acudir a "comuniones, bautizos y funerales", mientras se impide a su cliente "ejercer sus derechos políticos más básicos".

Tras recordar que el TC impide investir a un candidato sin que acuda personalmente al Parlament, la defensa mantiene que si Sànchez no es excarcelado para acudir al pleno "se habrán vulnerado de modo absoluto e irreversible" sus derechos políticos y alterado "el sentido de la voluntad de una cámara parlamentaria elegida democráticamente". En opinión de la defensa, los "riesgos difusos para el orden público" que según el Supremo entrañarían la excarcelación de Sànchez "no pueden legitimar nunca la anulación de derechos políticos elementales".

Además, apunta Pina, "si el clima social en Cataluña es realmente tan inflamable como parece sostenerse, ¿no existe acaso también riesgo de desórdenes públicos si se impide investir al candidato con mayor apoyo parlamentario?". En otro escrito, la defensa pide al Tribunal Constitucional que estime su petición -formulada el pasado 5 de febrero- de dejar en libertad provisional a Sànchez, teniendo en cuenta que ha transcurrido el plazo previsto sin que la Fiscalía se haya pronunciado sobre esa solicitud.

Pina recuerda al TC que Sànchez ha sido propuesto como candidato de la presidencia de la Generalitat y que, de impedírsele acudir a su investidura, se estaría causando "un grave daño para la credibilidad, nacional e internacional, de un ordenamiento constitucional que dice estar basado en valores como la democracia, la libertad y el pluralismo político". Además, según la defensa, ello supondría "una grave alteración, sin precedentes desde luego en el régimen constitucional vigente, de la voluntad democráticamente expresada por los ciudadanos catalanes" en las elecciones del pasado 20 de diciembre