El Supremo admite a trámite la demanda del novio de Ayuso contra la vicepresidenta María Jesús Montero

El Tribunal Supremo estudiará la demanda presentada por el empresario Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, contra la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, por presunta intromisión en su honor.

Como es habitual, la Sala de lo Civil del Alto Tribunal ha admitido a trámite la demanda presentada por este empresario tras varias declaraciones de la también ministra de Hacienda en las que dijo que la presidenta madrileña podría "estar viviendo en un piso que se pagó con fraude", en relación a la defraudación fiscal que se le imputa.

En su auto, el Supremo constata que González Amador "reúne los requisitos de capacidad, legitimación y postulación para comparecer en juicio", conforme a lo establecido por la ley, y emplaza a la ministra Montero y a la Fiscalía para que contesten a la demanda en un plazo de veinte días.

Como en todos los autos de admisión de este tipo de demandas, el Supremo advierte a la parte demandada, la ministra, de que "la comparecencia en juicio debe hacerse por medio de procurador y con asistencia de abogado".

González Amador, que solicita en su demanda que se le indemnice con 40.000 euros, acudió al Supremo después de que María Jesús Montero no asistiese el pasado 2 de octubre al acto de conciliación convocado en un juzgado madrileño tras su demanda.

El acto de conciliación, en el que se ofrece llegar a un acuerdo para evitar la demanda, fue convocado en el Juzgado de Primera Instancia número 49 de Madrid y al no comparecer nadie por la parte de Montero, quedó sin efecto.

La demanda se centra en concreto en las declaraciones realizadas por Montero el 12 marzo y el 3, 23 y 24 octubre, y se enmarca en la estrategia del empresario de demandar a diferentes cargos públicos, como la exministra Reyes Maroto, y también a periodistas, como Xabier Fortes de RTVE, cuando aluden a él y a su investigación por fraude fiscal.

González Amador está investigado en un juzgado de Madrid por diferentes delitos, entre ellos un presunto fraude a Hacienda de 350.961 euros entre 2020 y 2021, cuya defensa reconoció para llegar a un acuerdo con la Fiscalía, y también por la utilización de una trama de facturas falsas.