El Supremo inadmite una denuncia contra Irene Montero por malversación de caudales públicos

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha inadmitido este lunes a trámite una denuncia contra la ministra de Igualdad, Irene Montero, por un delito de malversación en relación a una campaña de su ministerio por el Orgullo LGTBI del pasado mes de junio. El Supremo, de acuerdo con el informe del fiscal, archiva la denuncia al no apreciar ilícito penal alguno.

En un auto, ponencia del magistrado Miguel Colemenero, el TS recuerda que al Gobierno le corresponde la dirección de la política interior, y para ejercer la función ejecutiva (artículo 97 de la Constitución) tiene a su alcance la disposición de los fondos públicos, y "que tanto en uno como en otro aspecto, el entendimiento del mundo y de la sociedad, y la consiguiente promoción de los valores que, según la ideología que se defienda, se consideren dignos de protección, permite a cada opción política orientar el empleo de aquellos fondos con esas concretas finalidades".

En ese marco, el tribunal considera que las discrepancias políticas no deben trasladarse al ámbito penal: "La discrepancia respecto del acierto o de la oportunidad de la forma concreta en que se empleen, ha de tener su respuesta en el campo político, sin que pueda ser trasladada al ámbito penal, reservada para las infracciones más graves de las normas de convivencia, tipificadas como delito en el Código Penal".

EL TÉRMINO TODES

La denuncia fue presentada por un particular en septiembre de este año contra la campaña del ministerio de junio de 2021 que llevaba por lema 'Orgullo de todas, todos, todes. Por una España feminista y diversa'. Alegaba que esa campaña fue financiada con fondos públicos y que "la autoría intelectual" era de Montero.

El denunciante apuntaba que se había dado malversación de caudales públicos porque entendía como "injustificada e inapropiada la utilización del término 'todes' dada la posición de la Real Academia Española sobre el particular".

Entendía así que se desviaban fondos con fines partidistas, que la campaña era contraria al interés general y que trata de imponer "una ideología de género que es falsaria pues 'todes' no existe en castellano". "Se financia con dinero público una falsedad", decía, alegando que no es cierto que que "los derechos de las personas denominadas LGTBI no sean plenos".

Pero el tribunal entiende que no hay delito porque la norma exige para que se dé que el sujeto "infrinja las facultades de administración de patrimonio, excediéndose en el ejercicio de las mismas".