El Supremo pide el suplicatorio para investigar a Laura Borràs

Es el permiso oficial para poder investigar penalmente a la portavoz de Junts per Catalunya por conceder, presuntamente a dedo, 18 contratos a un amigo suyo cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC). Una causa que se abrió en el Supremo en el mes de diciembre enviada por el juzgado de instrucción número 9 de Barcelona por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos, y falsedad documental. Laura Borrás ya era aforada. El Presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, ha iniciado los pasos y ha enviado al Presidente del Supremo y del CGPJ, Carlos Lesmes, el oficio para que traslade el suplicatorio a la Presidenta del Congreso, Meritxel Batet, para proceder contra Borrás.

La petición del Supremo va acompañada de la exposición razonada del magistrado instructor, Eduardo Porres. Este magistrado citó a Laura Borrás el pasado 14 de febrero en el Supremo para prestar declaración de forma voluntaria, en calidad de investigada en la causa, tal como la Ley le permite, pero la diputada optó por no acudir a la citación. Tras la negativa, el instructor preparó la exposición razonada para pedir su suplicatorio al Parlamento.

Los hechos descritos en la exposición razonada que el juzgado de Barcelona envió al Supremo, y atribuidos a la persona aforada “podrían ser constitutivos de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental”. Así lo destaca el alto tribunal. Y se extiende la competencia a Isaías Herrero Florensa, el amigo de Borrás a quien favoreció con los contratos, por la conexión inicialmente apreciable entre la conducta que se le atribuye a esta persona y la que se imputa a la aforada.

Hay indicios racionales de que durante los años 2013 a 2017, la ILC adjudicó 18 contratos menores por importe de casi 260.000, de forma directa o indirecta a través de sociedades, a Isaías Herrero, con quien Borràs mantenía una relación de amistad. Así se recoge en la exposición razonada. Borrás y Herrero habrían actuado de común acuerdo mediante el fraccionamiento ilegal de esos contratos y la falsificación de los presupuestos presentados en cada uno de los expedientes, simulando la participación de terceras personas independientes.