Un total de 48 jueces se han ido de Cataluña este año, el doble que en 2017

Un total de 48 jueces se han trasladado fuera de Cataluña este año, lo que supone casi el doble que en 2017, cuando lo hicieron 25, según el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús María Barrientos, que admite que hay "escenarios" que impiden ejercer con "serenidad".

Barrientos ha presentado hoy la memoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) de 2017 en la Comisión de Justicia del Parlament, entre advertencias de los grupos de Cs y PP por el "acoso" que creen que sufren los jueces en Cataluña y críticas de JxCat y ERC a la independencia judicial en España.

En su comparecencia, el presidente del TSJC ha expuesto datos que revelan un aumento del número de jueces que optan por pedir el traslado fuera de Cataluña, una comunidad que históricamente cuenta con numerosos magistrados originarios de otras zonas de España, aunque ha insistido en no establecer "ninguna relación causal" entre esa salida y la situación política catalana.

No obstante, Barrientos ha reconocido que, pese a que ningún juez le ha transmitido haber recibido "amenazas explícitas", existen "escenarios que no son propicios para que un juez actúe con la serenidad necesaria".

"Hay un estado de las cosas del que debemos ser todos conscientes que puede dificultar o dificulta que algunos jueces desempeñen su labor con la serenidad que necesitan", ha sostenido el presidente del TSJC, que ha recordado que ayer mismo el juez de Puigderdà (Girona) que debía interrogar a un investigado por una protesta ante la casa del juez Pablo Llarena tuvo que entrar y salir "con una especie de camuflaje" del edificio judicial.

Según los datos que ha facilitado Barrientos, en 2017 fueron destinados a Cataluña 32 jueces, de los que seis lo hicieron voluntariamente, mientras que en lo que va de año sólo tres de los 19 que han sido trasladados a esta comunidad habían pedido esa plaza.

En respuesta a una pregunta del diputado de ERC Marc Sanglas, Barrientos ha defendido la decisión "puntual" de prohibir que en los juzgados se exhiban lazos amarillos en solidaridad con los políticos presos en la necesidad de garantizar la "neutralidad política, ideológica, religiosa de toda naturaleza" entre los empleados públicos.