El Tribunal de Cuentas se convierte en el máximo obstáculo entre Moncloa y su plan con los independentistas

"Piedras en el camino". Así ha calificado José Luis Ábalos las causas abiertas ante el Tribunal de Cuentas contra exaltos cargos del Govern y que se enmarcan en el proceso de lo que Moncloa ha llamado "diálogo" con la Generalitat y los independentistas. El ministro, además, añadía que no les corresponde (refiriéndose al Gobierno) ir desempedrando todo ese camino, pero hacerlo siempre desde "el reconocimiento de los órganos y las instituciones y dentro de la legalidad".

El también secretario de Organización del PSOE ha asegurado que era previsible que los presos reivindicaran la independencia al salir de la cárcel, y ha considerado que su discurso viene de "no asumir de modo inmediato la frustración que provocó el 'procés'" y de la propia emoción de la excarcelación.

Un diagnóstico que se comparte también en el Gobierno. "Ese proceso lleva su curso, nosotros no podemos hacer nada", indican a ABC fuentes próximas al Gobierno.

El próximo martes 29 de junio, el Tribunal de Cuentas comunicará cuánto calcula lo que se gastó en materia de acción exterior durante los gobiernos de la Generalitat de Cataluña entre 2011 y 2017. De hecho, se indicará a los investigados cuánto se calcula que deben y qué fianza tienen que abonar para cubrir una posible condena económica.

Esta reclamación no se encuentra alterada por los indultos concedidos por el Ejecutivo, por lo que el Gobierno tiene por delante un nuevo pulso con el secesionismo pese a su perdón. Una decisión que podría arruinar el plan de Moncloa con los independentistas. Los condenados por el procés ya han abonado 4,1 millones de euros de fianza por el dinero malversado para el referéndum ilegal del 1-O. La mitad se cubrió con las fianzas de responsabilidad civil que se habían abierto en los tribunales y la otra mitad salió de la caja de solidaridad del independentismo.

Es la segunda vez que el Tribunal de Cuentas arranca un procedimiento por una consulta en Cataluña. La primera fue por el referéndum del 9-O en 2014 que organizó Artur Mas. La condena, en aquella ocasión, fue de 4,9 millones a pagar de forma solidaria "en la medida de sus responsabilidades". Mas tuvo que prestar una fianza de 5,2 millones impuestos antes de la condena y el Tribunal de Cuentas llegó a embargar su casa de Barcelona. Desde el Gobierno reconocen que este proceso no va en línea con la vía de diálogo político que el Ejecutivo pretende abrir con los indultos.

Mientras, la Abogacía del Estado que depende de Sánchez y su equipo, podría ir cambiando su postura en todas estas causas. Algo que, por el momento, no se ha hecho.

La liquidación provisional de los gastos por el 1-O, sellada con fecha del 28 de enero de 2020, estableció el ya mencionado importe de 4.146.274,97 euros, una cantidad que fue garantizada en febrero de ese año como fianza para evitar el embargo de bienes, pero no para abonar y satisfacer de un modo definitivo las responsabilidades contables.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha cargado contra el Tribunal de Cuentas y ha asegurado lo siguiente en declaraciones a los medios tras vacunarse contra la covid-19: "El Tribunal de Cuentas se ha convertido en la nueva inquisición, la inquisición económica. Ante esa situación de injusticia tenemos que usar los mecanismos que todos tengamos a nuestro alcance para evitar la situación. Cada parte sabe lo que está en su mano para revertir la represión. Alentamos a que lo hago", decía en una implícita mención al ejecutivo.

Respecto a las palabras de Ábalos y esas "piedras en el camino", Aragonès ha indicado que "si un ministro ve piedras o en este caso rocas en el camino, que las saque".