El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña cita al conseller Buch por desobediencia y prevaricación

El conseller de Interior de Cataluña, Miquel Buch, ha sido citado a declarar por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) por los delitos de desobediencia y prevaricación tras ceder locales para celebrar el 1-O en la localidad barcelonesa de Premià de Mar, cuando era alcalde del municipio.

El juez del TSJC, Jordi Seguí, cita para el próximo 16 de julio a Buch, el conseller al que el alto tribunal ya archivó una causa por el papel que jugó en la organización del 1-O como presidente de la Asociación Catalana de Municipios (ACM), junto a la expresidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia (AMI) Neus Lloveras.

Buch y Lloveras declararon como investigados ante el alto tribunal catalán, a raíz de una querella de la Fiscalía que les acusaba de promover el 1-O entre los alcaldes cuando lideraban las entidades municipalistas soberanistas.

El TSJC archivó esa querella, al entender que su actuación se enmarcaba en el ejercicio de "funciones no institucionales y eminentemente políticas", no como ediles, sino como líderes de "agrupaciones voluntarias", una decisión que fue recurrida por la Fiscalía.

La sala civil y penal del alto tribunal catalán estimó parcialmente el recurso del ministerio público y abrió la puerta a imputar a Buch por ceder locales municipales en Premià de Mar para celebrar el referéndum del 1-O, pese a haberlo suspendido el Tribunal Constitucional.

De hecho, la Fiscalía del área de Mataró-Arenys de Mar ya investigó a Buch, cuando todavía no era conseller, a raíz de la instrucción que en vísperas del 1-O dictó el entonces fiscal general del Estado, José Manuel Maza, para que se abriera diligencias a ediles que facilitaran el referéndum en sus municipios.

De los cerca de 700 alcaldes que la Fiscalía General instaba a investigar en septiembre de 2017, el ministerio público ha presentado finalmente querellas contra media docena de ellos, que en algunos casos ya han sido archivadas por la justicia.

En el auto en que archivó la causa a Buch y Lloveras, el juez instructor sostenía que, cuando remitieron un correo a los alcaldes emplazándoles a facilitar locales para la votación, no lo hicieron "en calidad de autoridades públicas" y por medio de los cauces oficiales de sus consistorios, sino como presidentes de la ACM y la AMI.

No obstante, a raíz del recurso de la Fiscalía, la sala civil y penal del TSJC advirtió que el instructor no hizo ninguna referencia en su auto de archivo sobre la acusación de la Fiscalía contra Buch por desobediencia como alcalde de Premià, pese a no practicar diligencia alguna para su verificación. 

Por este motivo, estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía al único fin de que el instructor decidiera si investigar a Buch por ofrecer locales para el 1-O como alcalde.