Vox se querella por malversación y fraude contra los responsables de las compras sanitarias del Gobierno

El partido político Vox ha presentado ante los juzgados de Madrid una querella por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude contra tres responsables de la compra de material sanitario por parte del Gobierno en el marco de la pandemia de coronavirus.

Según ha informado este martes la formación liderada por Santiago Abascal, la querella se dirige contra Alfonso María Jiménez, director del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA); Paloma Rosado, de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación (DGRCC); y Patricia Lacruz, directora general de Cartera Común del Servicio del Sistema Nacional de Salud y Farmacia, (DGSNSF).

En su escrito, Vox explica que a raíz de la aprobación el pasado 12 de marzo del decreto por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del Covid-19, se han celebrado una serie de contratos "de la forma más irregular" y que no está justificada la "contratación deficiente, irregular, injustificada, con un sobrecoste muy elevado al de mercado, con empresas sin solvencia técnica ni profesional en este sector"; además "sin la publicidad oportuna".

El partido considera que los motivos de urgencia pueden rebajar las exigencias de la contratación en relación con el régimen ordinario, pero subraya que "no las elimina, ni mucho menos permite que se puedan realizar contratos de forma arbitraria o sin seguir las normas mínimas que imponen criterios de seguridad".

Según la querella de Vox, el INGESA ha realizado 56 contratos, "muchos de ellos con adjudicatarios en los que no consta su identidad fiscal, ni establecimiento alguno en España, lo que imposibilita su identificación, localización y fiscalización". "En total, entre el 13 de marzo y el 30 de abril se han realizado compras sanitarias por un valor que supera los 310 millones de euros", añade.

12 CONTRATOS SOSPECHOSOS

Destaca un total de "12 contratos realizados a empresas que no tienen experiencia previa ni de contratación con la Administración ni del objeto del contrato, y no disponen de la infraestructura necesaria para atender unos contratos de las características de los analizados".

Como diligencias que propone en la querella, Vox pide el interrogatorio de los querellados así como la identificación de las personas que han intervenido en estos procesos, a través de la solicitud de todos los contratos firmados referentes a las 12 contrataciones.

También plantea que se soliciten los albaranes, facturas y documentación de carga de cada adjudicación, justificantes de los pagos, documentos de Aena que acrediten el registro de vuelos, registro de carga y mercancía, plan de vuelo de los expresados en la adjudicación Covid-20 y Covid-26, además de que se aporten los documentos aduaneros de la carga.