El Gobierno respiraoptimismo, pero ha decididoapurar al límite los plazos en sus manos para la convalidación del real decreto ley de las mascarillas obligatorias en exteriores que se votará en un pleno extraordinario la semana del 31 de enero al 3 de febrero, junto con otros reales decretos. Concretamente,La Moncloa ha señalado en rojo el 1 de febrero, justo cuando expira el plazo legal de 30 días hábiles para la ratificación de las Cortes.

La impresión en el complejo presidencial es que la medida estrella desplegada por Pedro Sánchez antes de las Navidades pasará la prueba de fuego. “Las cuentas a día de hoy nos salen”, inciden las fuentes gubernamentales, tras semanas descontando ante la contestación de los grupos parlamentarios el punto y final de la obligatoriedad de salir a la calle con protección para hacer frente a la variante ómicron para las personas de seis años en adelante. De hecho, el Gobierno barajó pronósticos según los cuales la remisión de la sexta ola haría innecesaria la luz verde del real decreto ley por parte del Congreso.

Una fórmula en mente del equipo de La Moncloa pasaba por ahorrarse la tramitación al trasladar a la Cámara Baja la retirada de la norma que fue aprobada en Consejo de Ministros el 23 de diciembre y publicada al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado. El propio Presidentemanifestó en distintas ocasiones su voluntad de que la tan cuestionada obligatoriedad de las mascarillas “durase lo mínimo posible” y hasta buscó preparar el terreno con debates como el de equiparar la Covid a una gripe. Tras el acelerón llegó el frenazo ante una evolución más negativa y prolongada de lo previsto de la enfermedad.

En todo caso, la norma incluyó otras medidas, además de la de la vuelta de la mascarilla en exteriores para frenar los contagios y sus “excepciones”. A saber, la autorización para emplear personal sanitario jubilado y la posibilidad de contar con profesionales sanitarios extracomunitarios. El Ejecutivo, no obstante, aprovechó para introducir una disposición final para asegurar el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones no contributivas, las de menor cuantía, ante la desviación del IPC. Tal extremo, precisamente, ha podido ser el asidero gubernamental para, como ahora descuenta, para sumar los apoyos al real decreto ley.