El Gobierno mide la paciencia de sus socios con el fin del estado de alarma

En apenas siete días, Pedro Sánchez dinamitó el discurso con el que su Gobierno afrontaba la vigencia del estado de alarma: de apelar a la prudencia y estimar necesario tomar la decisión sobre la prórroga o el levantamiento de la herramienta de excepción en puertas del 9 de mayo a la pretensión del propio presidente de ponerle fin a un mes vista, sin por tanto poder basarse en criterios epidemiológicos y en función de la evolución de la pandemia.

El giro de 180 grados en la decisión de Sánchez sólo ha servido para desencadenar los recelos y la confusión de las Comunidades Autónomas y para ahondar en el desconcierto de los socios de legislatura en las Cortes. El “bloque” parlamentario ha avisado de su malestar por el enésimo ninguneo al que han sido sometidos quienes fueron decisivos para que Sánchez llegase al poder. Aliados estratégicos como el PNV o ERC no dudan en reprochar que el gabinete, de nuevo, no ha descolgado el teléfono para informarles de antemano de sus planes.

La comparecencia del presidente de la próxima semana ante el Pleno del Congreso promete convertirse en caja de resonancia de la incertidumbre sobre la estabilidad de la que el Ejecutivo gusta presumir. Sin el paraguas legal del estado de alarma, el temor autonómico por revivir el caos del otoño pasado es amplio. Y tal prevención ha llegado de comunidades de todos los colores, desde el PP al PSOE. El entorno de Sánchez despliega su confianza aferrándose, de un lado, al impulso del plan de vacunación, y del otro, a la creencia de que la cuarta oleada – esta vez, sí – será la última. Y ello aun cuando, como ha quedado demostrado a lo largo de la pandemia, nada ha podido considerarse definitivo con la Covid-19 y su capacidad para mutar.

Ante la emergencia sanitaria, cualquier plan B de reformas legislativas ha sido desdeñado por La Moncloa. De hecho, alternativas legales al estado de alarma como la del principal partido de la oposición han sido tildadas de puertas adentro de “refrito” de medidas que, según han venido recordando con énfasis, ya fueron tumbadas meses atrás en las Cortes. La apuesta del Gobierno pasa por dejar la pelota en el tejado de las CCAA que, a su juicio, ya cuentan con los instrumentos suficientes para hacer frente a la salida de la pandemia.

“La única limitación (insisten colaboradores de Sánchez) para las Comunidades Autónomas es que sus pasos no afecten a derechos fundamentales de manera generalizada”. El despliegue de sus competencias, el decreto de desescalada, junto a la ley de Sanidad Pública de 1986, además de las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia, forman, a ojos del Ejecutivo, el marco de acción ante repuntes del virus. “Estamos ante el principio del fin”, remachan. Mientras, tiran del comodín de la “cogobernanza” en el Consejo Interterritorial de Salud, a pesar de que serán las regiones quienes deban actuar ante el ritmo de la enfermedad.

Con todo, La Moncloa mantiene en reserva la carta de la intervención. “Si hay rebrotes, habrá de analizarse su dureza – trasladan desde el complejo presidencial - y las medidas” a adoptar en consecuencia. El Gobierno deberá estar en alerta en caso de que salten las alarmas.