Irene Montero rentabiliza la labor de Calvo con la Ley del “Sí es Sí”

La Ley de Libertad Sexual nació a lomos de la controversia en el seno mismo del Gobierno de coalición y desde entonces nunca la ha abandonado, alargándose sus trámites de forma anómala. Existirán seguramente pocos precedentes de una andadura tan sumamente accidentada.

La puesta de largo del anteproyecto de ley en Consejo de Ministros en un lejano 3 de marzo de 2020 ya representó el arraigo definitivo de la mala relación de Carmen Calvo con Unidas Podemos en general y con Irene Montero en particular. La vicepresidenta primera y Juan Carlos Campo entendieron que el texto carecía de calidad Legislativa. Una “chapuza”, a ojos del ala socialista, carente de “mínimos parámetros jurídicos”. Enfrente, Pablo Iglesias, entonces vicepresidente segundo, y la titular de Igualdad, tacharon de machista al responsable de Justicia.

Todo ello ocurrió en puertas de entrar en emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus. Desde entonces, la también denominada Ley del “Sí es Sí” ha sido sometida al escrutinio de distintos órganos consultivos, con resultados cuanto menos dispares. El Consejo General del Poder Judicial, sin embargo, fue inequívoco, y además por unanimidad, al cuestionar entre otros extremos que la norma introdujese una definición expresa de consentimiento en el Código Penal, ya que parecía condicionar, incluso encorsetar, la acción del juez ante un caso. Otro cuestionamiento central pasó por la supresión de la distinción entre abuso y violación.

A pesar del debate abierto en la judicatura, el proyecto, tras la revisión de vicepresidencia primera y el departamento de Justicia, sigue centrando la regulación de los delitos sexuales sobre el consentimiento, aunque lo hace bajo nueva definición. La siguiente: “Sólo se entenderá que hay consentimiento cuando se haya manifestado libremente mediante actos que, en atención a las circunstancias del caso, expresen de manera clara la voluntad de la persona”. Con esta redacción, entiende el Ejecutivo, que todo acto sexual sin consentimiento expreso será considerado agresión y elimina la tipificación de abuso sexual del Código Penal.

La Ley contempla también un repertorio de agravantes, entre otros, las violaciones en grupo, el uso de armas o el suministro de sustancias para anular la consciencia.... A través de esta norma, el Gabinete actúa a la vez contra los proxenetas que, de manera habitual y con ánimo de lucro, destinen cualquier establecimiento o espacio público o privado para la explotación sexual. Asimismo, prevé la creación de centros de atención para las víctimas de las violencias sexuales, aunque eludan interponer denuncia, como ya sucede con las víctimas de violencia de género.

Una posible alteración de la presunción de inocencia fue advertida en su momento por el CGPJ. La iniciativa mantiene una clara perspectiva feminista. Suma y sigue. Fue voluntad de Montero incluir un delito leve de acoso “ocasional” ante “expresiones, comportamientos o proposiciones sexuales o sexistas” que pongan a la víctima en una situación “objetivamente humillante, hostil o intimidatoria”. Conlleva, siempre que no sea reiterado y medie una denuncia, penas de localización permanente, trabajos comunitarios o multas.

La Ley aún puede sufrir modificaciones al emprender, ya en septiembre, su tramitación en las Cortes. En las horas previas al Consejo de Ministros, Carmen Calvo reivindicaba su papel de coordinadora de las normas, “por cierto, cinco en estos momentos”, que van ir llegando a la mesa de la cita semanal del Gobierno. No obstante, ya la semana pasada con la Ley Trans, Irene Montero viene exprimiendo su presencia y tomando bocanadas de oxígeno político.