Pedro Sánchez y sus socios harán tabla rasa del Poder Judicial

“Pedro Sánchez es Pedro Sánchez”. Con esta frase, en el Gobierno disipan ya cualquier duda sobre la plena disposición del Presidente de llevar hasta el final la polémica reforma exprés para renovar al Consejo General del Poder Judicial, esto es, para nombrar a los vocales del turno judicial, 12 de los 20 en total, además de recortar sus poderes teniendo caducado su mandato. El golpe de mano, dejando a PSOE y UP llevar la voz cantante en las Cortes, aunque con una iniciativa armada por la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, resulta imparable.

La aritmética parlamentaria para sacar adelante su cambio del método de elección del órgano de gobierno de los jueces, dejando a un lado al PP, está garantizado con la mayoría Frankenstein de Sánchez, prácticamente la misma que a finales del mes de septiembre permitió a la coalición suscribir junto a 7 formaciones – ERC, PNV, JxCAT, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe – un comunicado conjunto exigiendo la renovación de distintas instituciones. Incluyeron en el listado al Tribunal de Cuentas aun cuando su mandato caduca en 2021.

Con dos meses por delante de tramitación parlamentaria para la proposición de ley registrada por socialistas y morados, en La Moncloa manejan distintos perfiles de futuros vocales del CGPJ que cosechen el respaldo de sus compañeros de viaje. Los 12 candidatos elegidos por el turno de jueces, además de afines, prometen ser catalogados como algo más que “progresistas”. La consigna en el entorno de Sánchez pasa por hacer tabla rasa de los “conservadores”. Los partidos firmantes de la nota conjunta sumaban 187 diputados. El Ejecutivo tratará de reunirlos de nuevo. No obstante, bastaría con lograr la mayoría absoluta (176) alrededor de su estratagema.

Eso sí, el Gobierno es consciente de haberse abierto un frente mayúsculo con su atropello legal y empezaron vestirlo frente a una Oposición cuya cabeza visible, Pablo Casado, lo tachó en la bronca sesión de control en el Congreso de “reforma a la polaca”. Un aviso del líder del PP que, junto al de la puesta en peligro de los fondos de reconstrucción, adheridos al respeto del estado de derecho, escoció en el entorno presidencial. Más aún en la víspera de un Consejo Europeo. “Ni está ni se espera ese debate en Europa”, replicaron desde La Moncloa.

La ruptura de puentes con los populares sirvió de parapeto al Gobierno, tildando su bloqueo de “inaguantable” por Calvo en un corrillo informal con periodistas a la salida del Hemiciclo. Desde el Ejecutivo vendieron la modificación legal de las reglas para relevar a miembros del Poder Judicial invocando “la soberanía del parlamento y las leyes orgánicas están supeditadas a él”. En su salto, tampoco se detuvieron en ningunear la oposición de las asociaciones de jueces como una “opinión corporativa” y esgrimieron que las únicas mayorías a respetar son las blindadas en la Constitución. Las demás, a sus ojos, son susceptibles de ser sometidas a cambios.

De hecho, en el Gobierno le están dando ahora mismo vueltas a la renovación de diferentes instituciones con mandatos caducados. Entre otras, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o RTVE. “La calidad de la Democracia, sostuvieron, arranca cumpliendo la ley”.